Por trata de personas la UIF incautó 94 mdp

La información la dio a conocer el titular, Santiago Nieto, quien precisó que el objetivo es que sean usados para reparación de daño a víctimas

Por Publimetro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que hasta el día de ayer habían bloqueado las cuentas bancarias de 30 personas físicas y morales relacionadas con el delito de trata de personas y cuyo monto asciende a 94 millones de pesos.

"Hay un total de 94 millones de pesos congelados, esto no significa que es un número ni siquiera aproximado a la operación financiera, se trata de solamente tres casos, pero es el inicio de una política pública de la mano con organizaciones de la sociedad civil para ir detonando más casos de éxito que terminen en bloqueos y en cumplimientos de órdenes de aprehensión en contra de los tratantes", comentó.

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Señaló que dichas incautaciones son resultado de tres denuncias; dos de la Ciudad de México, y uno mas de Quintana Roo y que se logró con la colaboración de las autoridades locales responsables.

En conferencia con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, el funcionario detalló que se busca que los recursos sean destinados a la reparación del daño de las víctimas.

"Hemos solicitado el aseguramiento por parte de los ministerios públicos con la finalidad de que cuando los jueces emitan las sentencias condenatorias, evidentemente se genere un decomiso que permitan que ese dinero pueda ser utilizado para los fines que establece la atención de las víctimas", explicó.

De manera adicional, el funcionario reveló que cuentan con 12 investigaciones en proceso en contra de presuntos tratantes. En su oportunidad, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, señaló que de 796 sentencias obtenidas vía la ley de transparencia en contra de tratantes, 95% de ellas son estatales.

En tanto que actualmente sólo 47% de los estados están aplicándola Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata promulgada en 2012, a pesar de que es obligación de todas las entidades del País.

Con información de Reforma.

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