Funcionarios contradicen a la SCJN por tuiteros incómodos

No obstante a la restricción de la Suprema Corte, en meses pasados servidores públicos se han negado a desbloquear a usuarios en Twitter, debido a distintos señalamientos, quejas y acusaciones en su contra; especialistas ven un vacío legal en la advertencia

Por Daniel Flores

Tras la prohibición que lanzó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para  abstenerse de bloquear de sus redes sociales a ciudadanos, activistas y periodistas, los servidores públicos han hecho caso omiso a la advertencia.   

Así lo refieren varias respuestas de transparencia de la SCJN, las cuales revelan que ninguno de los trabajadores del gobierno federal y local han acatado la restricción.   

La decisión se dio luego de que las autoridades afirmaran que con esta acción se viola el derecho de acceso a la información y vulnera el derecho a la transparencia y rendición de cuentas.   

Pese a la advertencia, la SCJN reveló que tras el fallo ningún alcalde, secretario, fiscal o consejero del INE ha desbloqueado a los usuarios que limitaron de sus redes sociales.   

Según la Suprema Corte de Justicia, la negativa vulnera el derecho a la información y libre expresión de la ciudadanía, así como dio a conocer que no existe, hasta el momento, ninguna represalia o sanción económica contra aquellos funcionarios que se han resistido a desbloquear de sus redes a los quejosos.   

La medida surgió tras la resolución del amparo 1005/2018, y que fue dada a conocer en marzo de este año, en la que la Segunda Sala del máximo tribunal del país ordenó al fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, “desbloquear la cuenta” de un periodista en Twitter.

Apertura a medias

La organización Artículo 19 –asociación civil que se dedica a defender la libre expresión en América Latina– aseguró que si bien resulta positiva la disposición de la Suprema Corte de Justicia, en la normatividad no hay nada que obligue al funcionario a obedecer el señalamiento.

“Coincidimos que el fortalecimiento de las instituciones pasa por la protección de los derechos humanos y el reconocimiento del ejercicio efectivo de la libertad de expresión”, refirió la organización.

Sin embargo, a pesar del anuncio y la disposición de la Corte, la organización detalló que la resolución se quedó a medias en varios aspectos, toda vez que no se cuenta con dientes ni candados para forzar a los funcionarios a obedecer la resolución. 

Uno de los casos más relevantes sucedió con el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido señalado –en múltiples ocasiones– de bloquear a usuarios de sus redes sociales.

“Soy representante de la nación y no, no desbloquearé a nadie. El respeto al bloqueo ajeno es la paz”, externó el legislador federal, quien se ha negado a desbloquear a sus opositores.

En tanto, otra de las funcionarias que han causado polémica por este tipo de conductas es la ahora directora de la agencia del Estado Mexicano, Sanjuana Martínez, quien tras su nombramiento al frente de Notimex usuarios le exigieron que los desbloqueara de su red social. 

Pese a la presión, la directora se ha negado e incluso decidió borrar su cuenta personal tras diversos señalamientos en su contra.

Resolución sin dientes

• A través de diversas plataformas sociales, principalmente en Twitter, múltiples usuarios han sido bloqueados por funcionarios públicos estatales y federales debido a las críticas a su desempeño.

• Según Artículo 19, dichos bloqueos constituyen actos de censura, pues imposibilitan la difusión de distintos puntos de vista necesarios para la deliberación pública propia de una democracia.

• Uno de los ejemplos más polémicos sucedió con el servidor público Alvar Cabeza de Vaca, quien después de ser ratificado como secretario de Seguridad Pública de Guanajuato recibió una serie de cuestionamientos acerca de dicho nombramiento.

• Como resultado, al menos 20 usuarios, entre periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas y militantes de partidos fueron bloqueados en Twitter.

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funcionarios federales y locales se encuentran en la mira de la Suprema Corte de Justicia por incumplir la resolución.

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