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Denuncias por trata de personas aumentaron 48% con AMLO

Julio y agosto de este año fueron los meses con más denuncias por trata de personas en los últimos cinco años.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las denuncias por el delito de trata de personas aumentaron 48%, al pasar de 28 casos en el primer mes de gobierno a 54 durante agosto pasado.

En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la tendencia de delitos denunciados por trata de personas repuntó en los últimos dos meses pues en julio y agosto pasado se registraron 110 casos a nivel nacional, según cifras brindadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPS).

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Trata de personas en el sexenio de AMLO

  1. Diciembre 28 casos
  2. Enero 40 casos
  3. Febrero 49 casos
  4. Marzo 26 casos
  5. Abril 25 casos
  6. Mayo 39 casos
  7. Junio 33 casos
  8. Julio 56 casos
  9. Agosto 54 casos

Asimismo, durante los primeros nueves meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 350 denuncias por este delito, 28.68% más que el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C., la trata de personas ocurre en mayor o menor medida en todos los estados de la República; sin embargo, en este gobierno hay más autoridades comprometidas para castigar y promover la denuncia de este delito.

«El problema lo tenemos en los estados donde los gobernadores esconden las cifras, hay gobernadores que no quieren que haya trata. Se debe aplaudir a los estados que se han ganado la confianza de las personas que creen que van a encontrar justicia si denuncian y que trabajan en contra del delito», explicó en una entrevista con Publimetro.

Por ubicación geográfica, tres entidades de la República: la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México concentran cerca de la mitad de casos de trata de personas a nivel nacional, mientras que, con 16 casos, Quintana Roo es el estado con mayor número de víctimas por cada 100 mil habitantes durante los primeros nueve meses del gobierno de AMLO.

Orozco señaló que la problemática del delito de la trata de personas depende de la falta de confianza de las víctimas en los sistemas de justicia de cada estado, por lo que en algunos estados no es que no haya trata, si no que no hay denuncias.

Agregó que el grupo más vulnerable por este delito son los menores de edad, ya que «72% de la sentencias en segunda instancia son casos de niños y niñas», seguido de las mujeres jóvenes.

Estados con más denuncias por este delito:

  1. Ciudad de México  143
  2. Chihuahua 25
  3. Estado de México 22
  4. Nuevo León 21
  5. Guerrero 17
  6. Quintana Roo 16
  7. Baja California 15

Estados sin denuncias:

  1. Campeche
  2. Coahuila
  3. Jalisco
  4. Nayarit
  5. Querétaro
  6. Sonora
  7. Veracruz
  8. Tlaxcala

Estados con menos denuncias:

  1. Colima 1
  2. Tabasco 1
  3. Tlaxcala 1
  4. San Luis Potosí 2
  5. Morelos 3

50% de víctimas de trata sufren explotación sexual

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) explica en el «Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019» que este delito está relacionado con la explotación de las víctimas incurriendo mayoritariamente en la prostitución obligada.

«Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, especifica el reporte.

También se entenderá por explotación de una persona a:

  1. La mendicidad forzosa
  2. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas
  3. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años
  4. El matrimonio forzoso o servil
  5. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos
  6. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos

Según el mismo estudio, de 2012 a 2017 se identificaron 2 mil 667 víctimas de trata de personas, de las cuales mil 376 (51.59%) personas sufrieron explotación por prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

La comisión puntualiza que la trata de personas, en más de 45% de los casos, incluye otros delitos o fines diversos de las víctimas, en  suele acompañarse de explotación sexual y laboral o mendicidad, entre otras.

Giros negros, la clave contra la trata

Sobre la solución de las autoridades para erradicar la trata de personas y la explotación sexual, Rosi Orozo puntualizó que se deben cerrar todos los «giros negros», es decir, los negocios que se encargan de satisfacer las necesidades creadas por los vicios y que fomentan la realización de conductas ilícitas.

«Si el gobierno de cualquier estado quiere acabar con este delito, así como se hizo con el huachicol, deben de cerrar esos lugares. Ya lo hizo Coahuila y demostró que bajó la violencia y el feminicidios», abundó y añadió que los giros negros promueven prácticas de violencia en contra de las mujeres, tanto en estos lugares como en el hogar.

Por tal motivo, dijo, su asociación y otras de la sociedad civil están trabajando para instalar 32 refugios a nivel nacional para víctimas de este delito y de explotación sexual, para tener un lugar seguro desde el cual pueda salir adelante, denunciar y ser apoya para recibir justicia por parte del Estado.

Castigo por trata de personas

El capítulo II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas señala en su artículo 10 que «toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa».

Sin embargo, si además de lo anterior a la víctima se le tiene en situación de esclavitud y prostitución, el victimario podría alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión. Si se trata de trabajo forzado, la pena llegaría hasta 20 años de cárcel; en el caso de mendicidad hasta nueve años y 40 años si se trata de un padre o tutor de un menor.

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