El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley Federal de Austeridad Republicana con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención y será enviada al Ejecutivo federal para su publicación.
La ley prohíbe a los funcionarios públicos de alto nivel trabajar en la iniciativa privada durante los siguientes 10 años tras dejar su cargo a fin de evitar conflictos de intereses, se eliminaron las escoltas y las pensiones a ex presidentes, así como reducir viáticos a funcionarios.
La minuta tuvo el voto en contra del PAN, PRI y PRD, que acusaron errores en el procedimiento, pues señalaron que se hizo una agenda o modificación en el artículo 13; sin embargo, los legisladores de acusaron que eso era imposible, pues el Senado ya había modificado ese precepto.
El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Entre las modificaciones destaca el artículo 24, que señala que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no pueden trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, cuando dejen el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción. Los legisladores de oposición calificaron esto como un “abuso”.
El artículo 61 indica que los ahorros obtenidos se destinarán a programas sociales o a donde lo determine el presidente, algo que la oposición consideró que sería “una partida secreta para el Ejecutivo tendrá “una partida secreta”.
Los funcionarios no tendrán bonos especiales ni podrán hacer fiestas en sus oficinas, tampoco acudir en estado de ebriedad, ni ingerir bebidas alcohólicas en horario y centros de trabajo. Se eliminaron las pensiones a ex presidentes y contratar con recursos públicos las jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguro de gastos médicos privados o pensiones.
Las escoltas y elementos de seguridad se restringen a casos estrictamente necesarios, además se tipifica como “peculado” disponer de servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus funciones para otorgar seguridad personal.
La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, aseguró que esta legislación permitirá tener un gobierno republicano eficiente, austero y terminar con la “burocracia dorada, que llena de lujos y oropel y toda esa faraónica parafernalia, lastimó enormemente al país y la propia imagen de todos los poderes”.
Mencionó que la ley permitirá redirigir los recursos presupuestarios necesarios para combatir la pobreza y extender el bienestar de todos los sectores de la sociedad, “situación que no se veía en administraciones pasadas”.
