El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta para tipificar como delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal y la expedición de facturas falsas, mientras el monto defraudado supere los siete millones 84 mil 230 pesos.
Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, primero se avaló en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las siguientes leyes:
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Seguridad Nacional
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Fiscal de la Federación
- Código Penal Federal
Pese a las críticas de la oposición al considerar este dictamen como una medida que pone en desventaja al contribuyente, las reformas avanzaron para considerar a la defraudación fiscal y la facturación simulada como un amenaza a la seguridad nacional.
El dictamen indica que estas prácticas fiscales ilícitas serán meritorias de prisión preventiva oficiosa, además de que se sancionará de dos a nueve años de prisión la expedición, enajenación, compra o adquisición de facturas falsas. En el caso de ser servidores públicos quienes cometan estos delitos serán destituidos de su cargo e inhabilitados en el gobierno de uno a 10 años.
En cuanto a la discusión en lo particular, los artículos reservados fueron avalados con 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones, por lo que pasará al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación..
Ley no atentará contra el contribuyente
Los diputados Marco Antonio Medina Pérez y Rubén Cayetano García de Morena, ambos de la Comisión de Justicia, fundamentaron el dictamen en tribuna; al término de ello, la diputada Claudia Pastor Badilla del PRI y el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN presentaron, por separado, mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.
Medina Pérez aseveró que estas reformas “de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones”.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, externó.
Apuntó que “el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5.0% de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas”.
El legislador Cayetano García señaló que la minuta salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas.
“Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos”, subrayó.
“Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción”, finalizó.
Un dato:
En los últimos cinco años, la defraudación fiscal, facturación falsa y operaciones inexistentes, dejaron pérdidas al gobierno por un monto de 2 billones de pesos.
