Aún cuando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dejó de operar el pasado 1 de diciembre y con ello se retiró la restricción para revisar archivos con clasificación “confidencial”, el Archivo General de la Nación (AGN) mantiene candados en expedientes que tienen esta modalidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se abriría cualquier contenido que haya recopilado el centro de investigación federal en los últimos años, donde destacan documentos relacionados con políticos, organizaciones civiles y líderes religiosos, pero estos no se encuentran disponibles para su revisión.
Publimetro realizó una serie de consultas al AGN en donde constató que existe un candado en informes sobre este tipo de organizaciones y personajes de la función pública, bajo el argumento de que dar a conocer el contenido de esta información puede “vulnerar la seguridad nacional y el derecho a la privacidad”
En otros casos, el órgano desconcentrado refiere que aunque la información se encuentra disponible, la misma no puede ser consultada debido a cuestiones de privacidad y protección a los datos personales.
El acuerdo presidencial instruyó “a todas las dependencias” transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que poseen y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción».
Sin embargo, especialistas consultados por este diario confirmaron que, contrario a lo que anunció el titular del Ejecutivo federal, la reserva de versiones públicas a consultar en el AGN se redujo de tres mil a poco más de 300 expedientes para consulta pública.
Misión casi imposible
La coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de la organización Artículo 19, María De Vecchi, aseguró que la medida se quedará corta mientras al AGN no se le destinen recursos para almacenar y digitalizar un sinfín de documentos que aún se encuentran en papel.
Además aseguró que la decisión presidencial genera dudas, ya que se carece de un registro de la cifra de expedientes que se almacenan actualmente en las dependencias federales.
“Tiene que haber un registro de expedientes para estar seguros de que no se destruirán los archivos. Y la sociedad civil tiene que estar asociada a este proceso porque no creemos que las dependencias estén dispuestas a abrir sus propios archivos sensibles”, aseguró.
El investigador y experto en aparatos de inteligencia, Jacinto Rodríguez, aseguró que la presunta apertura que dio a conocer López Obrador de documentos de inteligencia y espionaje se dio a inicios de la administración de Vicente Fox, en 2001, posteriormente en 2015 se restringió el acceso y actualmente la limitación es más fuerte en la actual gestión.
“¿De qué sirve que los archivos estén abiertos si no son accesibles? Un gran paso sería que esos expedientes de la DFS volvieran a ser disponibles”, sentenció.
Publimetro solicitó, a través de solicitudes por el mecanismo de transparencia, el número de versiones públicas que se encuentran disponibles actualmente en el Palacio de Lecumberri, pero el órgano desconcentrado argumentó que no cuenta con una cifra exacta por el momento.
En agosto se venció el plazo para que el AGN abriera los archivos secretos que serían transferidos por todas las dependencias públicas, sobre violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción.
Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el AGN tenía un plazo de 180 días para emitir el reglamento sobre la consulta de documentos desde 1985, que les hayan transferido, incluido el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Había una parte del archivo nacional del país que reservaron. No va a haber reserva, se van a poder consultar todos los expedientes” ,
