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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra llamada Ley Bonilla para anular la extensión de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.
El ministro Fernando Franco González Salas, encargado del tema, consideró que las solicitudes en contra de las reformas a la Constitución de Baja California para ampliar el periodo de gobierno cumplen con los elementos jurídicos necesarios y fueron presentadas conforme a la ley.
Las acciones fueron promovidas por el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI; sin embargo, rechazó conceder la suspensión para impedir la toma de protesta del morenista como lo solicitaron algunos partidos.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, señaló Franco.
Ello, debido a que la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla no está en duda, ni los dos primeros años de mandato, sino la reforma posterior a la Constitución para la extensión del periodo de gobierno.
El ministro dio seis días al Congreso de Baja California y al Ejecutivo estatal para responder a la demanda y 10 días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar su opinión sobre el caso.
Para invalidar la reforma al artículo transitorio de la Constitución estatal es necesario que se presente un proyecto de sentencia para votar en el Pleno de la Corte antes de mediados de diciembre y necesitaría los votos de por lo menos ocho de los 10 ministros en funciones.
