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Denuncian 378 violaciones de derechos a menores en albergues del DIF

La CNDH denunció que podrían ser más pues muchos de los sistemas estatales DIF rechazaron otorgar información sobre el estado de los menores.

Un total de 378 menores de edad víctimas por abusos contra sus derechos humanos fueron registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 877 Centros de Asistencia Social (CAS) y albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los últimos cinco años.

Durante la presentación del Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en estos centros a nivel nacional, la CNDH indicó que lamentablemente la violación de los derechos humanos es un común denominador durante el proceso de canalización y estadía de los menores en estos albergues.

«A nivel nacional, se contabilizaron 234 quejas por presuntas violaciones a los derechos de personas menores de edad residentes de los CAS, presentadas ante los organismos públicos de derechos humanos», explicó Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de esta comisión.

Agregó que las principales niveles de autoridades responsables de estas violaciones son los sistemas estatales DIF (24%), otras autoridades estatales (24%), autoridades de procuración de justicia (15%) y autoridades municipales (13%).

En particular, los organismos señalados con mayor frecuencia en estas quejas son el Instituto Nacional de Migración (85 quejas), la entonces Procuraduría General de la República (14 quejas) y el Sistema Estatal DIF Chiapas (13 quejas).

Registraron el mayor número de expedientes quejas ante violación a derechos de los menores:

  1. Baja California (46)
  2. La Ciudad de México (23)
  3. Jalisco (23)
  4. Estado de México (21)
  5. Oaxaca (16)

El primer visitador exigió mayor transparencia en estos albergues y centros de asistencia a menores pues carecen de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están, y cuál es la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes.

Las causas más comunes de ingreso de menores a estos centros:

  1. Protección o resguardo
  2. Migración
  3. Víctima de violencia
  4. Abandono, abuso sexual o violación Omisión de cuidados
  5. Ingreso voluntario
  6. Carecer de cuidados parentales

Denuncias por delitos contra menores

Sólo 15 procuradurías o fiscalías Estatales indicaron haber recibido denuncias por delitos contra niñas, niños y adolescentes albergados en CAS, sumando 302 en total, informó esta comisión.

Estados con mayor denuncias contra menores albergados:

  1. Estado de México (36)
  2. Chihuahua (41)
  3. Veracruz (30)

Sin datos:

  1. Aguascalientes
  2. Ciudad de México
  3. Colima
  4. Guanajuato
  5. Nuevo León
  6. Yucatán
  7. Morelos
  8. Nayarit
  9. Sonora
  10. Tabasco

«De estas, 5.2% de las averiguaciones previas o carpetas de investigación se consignaron; en 4.9% se declaró el no ejercicio de la acción penal; el 6.9% se envió a reserva y el 33.4% se encontraba en trámite a la fecha de corte de este informe. Impera la falta de datos sobre la determinación del 44.7% de las denuncias presentadas», destacó el primer visitador de la CNDH.

De los delitos contra menores más denunciados, 27% fueron por desaparición de persona; 14% por violencia familiar equiparada, seguida de un 6% por violación; 5% por lesiones y maltrato y 5% por abuso sexual.

Urge mayor capacitación y control en albergues

El representante de la CNDH instó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a implementar las acciones y estrategias necesarias para que los centros de asistencia presten servicios en condiciones seguras y dignas para sus residentes.

«Se debe elaborar protocolos de prevención y atención de casos de violencia contra menores al interior de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados, y establecer mecanismos de denuncias amigables, accesibles, y confidenciales», puntualizó.

Recomendó que se debe capacitar y evaluar constantemente a las personas servidoras de públicas, personal profesional, técnico y de servicios de estos albergues, ya que el presupuesto destinado para su operación varía considerablemente en las entidades federativas.

Un dato:

Cerca de 2 mil 439 niñas, niños y adolescentes canalizados por las Procuradurías o Fiscalías Estatales a diversos CAS y albergues públicos y privado.

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