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Tortura, desaparición forzada, violencia y otros retos para Rosario Piedra en la CNDH

Rosario Piedra tomó protesta como presidenta de la CNDH este martes pasado tras una votación acusada de fraude y amañada por Morena.

El caso Ayotzinapa, la investigación por el operativo nombrado como «Culiacanazo», los episodios de uso excesivo de la fuerza pública, desapariciones forzadas, tortura física y otras violaciones graves a derechos humanos, son algunos de los retos a los que Rosario Piedra Ibarra tendrá que dar seguimiento al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A la fecha, la CNDH tiene vigentes 33 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos y más de 41 recomendaciones generales a distintos organismos de gobierno, las cuales no se han cumplimentado, resarcido el daño o garantizado su no repetición.

De igual forma, la nueva titular de la comisión más importante en materia de derechos humanos del país deberá coordinar esfuerzos con organismos nacionales e internacionales ante las quejas por el aumento de la violencia, migración, el abuso de poder y las constantes violaciones a los derechos humanos a nivel nacional.

De acuerdo con sus estatutos, la comisión debe ser un órgano autónomo para velar por los derechos humanos ante los abusos por parte de funcionario públicos o del Estado de México, por lo que su contrapeso queda estipulado en el artículo 102 B de la Constitución.

«El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios», detalla la Carta Magna.

Falta de legitimidad, el principal problema

Piedra Ibarra tomó posesión al frente de este organismo el pasado martes en medio de una protesta por parte de la oposición en el Senado, al ser acusado el proceso de fraude al no haber sido bien contabilizado los votos para su elección.

De acuerdo con Iztel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, la elección de la ombudsperson ha hecho que ésta pierda legitimidad pues estuvo inserta en un contexto de violencia y viciado desde que se impuso una terna partidista.

«Con el trabajo diario, con las acciones, la nueva presidenta debe recuperar la legitimidad que no se le dio desde el origen y que a partir de su gestión vaya despejando, demostrando que la prioridad son las víctimas, las personas y que la comisión es aliada de ellas», dijo en una entrevista a Publimetro.

Aclaró que la función principal de la CNDH es ponerle límites al poder y señalarle cuando no está haciendo bien las cosas. Agregó que el cargo del comisionado debe ser autónomo y no estar atado de manos por el gobierno federal.

Los retos de la ombusperson

Sobre las tareas pendientes que Rosario Piedra Ibarra tendrá al frente de la CNDH, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que hay grandes desafíos que la ombudsperson hereda y tendrá que enfrentar en los próximos años.

«Va a tener que demostrar en muy poco tiempo que es independiente, que sabe lo que tiene en las manos, una comisión muy relevante, y que conoce la realidad del país y está lista para actuar a favor de quien lo necesita», aseguró Guevara.

Entre algunos de los fenómenos emblemáticos que la institución del ombusperson deberá enfrentar:

  1. El severo problema de la impunidad, el cual genera la repetición de las violaciones a derechos humanos.
  2. Redoblar esfuerzos para erradicar la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el país mediante la emisión de todas las recomendaciones hechas en la materia.
  3. Desafíos emergentes como los desplazados internos por la violencia, los cuales según el gobierno federal suman más de un millón de personas.
  4. Violaciones de derechos humanos en el contexto de la migración que provienen de Centroamérica y deportados de Estados Unidos.
  5. Los asesinatos, ataques y desapariciones de defensores de derechos humanos y periodistas
  6. El sistema de víctimas que está abandonado y que se deberá fortalecer para dar cuentas y atender a las personas víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el país.
  7. Los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al medio ambiente sano y la consulta previa libre e informada frente a los proyectos de desarrollo de esta administración como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.

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