El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, indicó que la expulsión de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, es una sorpresa para el Gobierno mexicano, pero ya se giraron instrucciones para que salga en el plazo otorgado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
“Ésta es una sorpresa nuevamente. Hemos dado ya indicaciones a la embajadora que salga en ese plazo para no poner en riesgo su seguridad y su integridad”, dijo el funcionario en entrevista con Aristegui.
Reyes Zúñiga indicó que, a cargo de la embajada, se quedará Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión y por medio de ella se continuará ‘operando con normalidad y cumpliendo las funciones diplomáticas’.
“Quiero dejar claro que esto es una decisión de corte político, que nuestra embajadora, quien ademas es una de las personas mas prestigiadas del servicio exterior mexicano, jamás ha actuado fuera del marco del derecho internacional y estamos viendo como las cosas van cobrando mayor dimensión”, agregó.
Destacó que México seguirá esforzándose por abrir canales de dialogo con el propósito de encontrar una salida diplomática y por lo pronto, esperan que la embajadora María Teresa Mercado llegue el miércoles a territorio nacional.
‘No hay embajador de Bolivia en México’
Al ser cuestionado sobre si México actuaría con reciprocidad con el Gobierno de facto de Bolivia, el funcionario mexicano informó que, actualmente, no hay embajador boliviano en nuestro país.
“No hay embajador de Bolivia en México. Desde el golpe de Estado en noviembre no hay embajador en México”, dijo.
En esta línea, indicó que sólo está la encargada de sección consular, pero es un rango menor, además de que México pretende seguir conduciéndose por el diálogo y con estatura política y diplomática histórica.
“Al no haber embajador no tienen caso generar confrontación extra”, puntualizó.
En cuanto a los refugiados bolivianos que se encuentran en la embajada de México en Bolivia, Reyes Zúñiga detalló que se mantendrán en el recinto “protegidos por el derecho internacional y las leyes internacionales en materia de refugio y asilo político”.
