El gobierno está regenteando la información sobre el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, con fines de uso político, advirtió el especialista en temas penales y miembro del Nuevo Periodismo para la Justicia, AC, Marco Lara.
«La va entorpeciendo (la información) con diversos fines como hacer a un lado resistencias políticas, oposición y también adversarios de oposición en el camino a las elecciones de 2021», apuntó.
En una entrevista con Publimetro el también periodista dijo que estos casos son tan llamativos que se gestionan políticamente por las autoridades y solo se recuerdan cuando sirven de «arma de contención».
Advirtió que eventualmente las autoridades podían alargar el tema legal que enfrenta Lozoya Austin, quien arribó el pasado viernes al país proveniente de España, donde se le detuvo señalado por delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude.
«La FGR está siendo un arma política del poder ejecutivo para mantener a raya a adversarios políticos con miras al 2021, esto lo hace valiéndose del Covid y gran cantidad de torpezas en el proceso», comentó.
Los escenarios
Explicó que en el caso pueden existir tres escenarios procesales. El primero es que sea declarado «testigo protegido» con base en la ley federal con lo que se le brindará la protección al colaborar con las autoridades de justicia brindando material que aporte sobre los delitos y bajo reglas de procedencia. En cuyo caso tendría que concurrir al proceso y tendría una audiencia para dar la información.
«Las reglas de procedencia es que debe aportar más información que pudiera llevar a más personas ante la justicia y con ello, los logros al condenarlo serían menores», apuntó.
El segundo, es que la Fiscalía opte por el»criterio de oportunidad» en donde no ejerce la acción penal pues «se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio», según lo que establece el Artículo 256, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción V.
«En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad pueden proceder siempre y cuando se funde y motive que la información es lo suficientemente útil para llevar a juicio a otras personas», advirtió.
El tercero es el procedimiento abreviado, que se prevé en los artículos 101 al 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la FGR decide, junto con la defensa, un procedimiento arreglado que es la determinación anticipada del proceso.
«Con lo que la parte acusada reconoce su delito y el Ministerio Público tiene lo que se llaman elementos probatorios y se aceptan por el juez, esto puede ser después de la vinculación de proceso y antes del juicio», abundó.
Los antecedentes
Sin embargo, dijo que el manejo de la información es muy parecido a casos en los que se prolongaron mucho los procesos legales y no se avanzó en años y como ejemplo mencionó el de la líder moral del SNTE, Elba Esther Gordillo y la líder de comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios, Andrés Granier, así como el de Rosario Roble, etc,.
«Hay que tener claro que en todos los países en donde operó Odebrecht ya funcionó más o menos la justicia. México es el único país en donde no ha funcionado y necesitamos que la gerencia y el proceso del caso nos tapé la boca. Estoy deseoso de ver que Emilio Lozoya vaya a juicio y en audiencia pública se hace el ofrecimiento probatorio y se hace un juicio sostenible, de cara al público y se hace una suerte de maxiproceso las personas sobre las que el aporte sean investigadas», finalizó.
Te recomendamos:
