El presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Penal Federal.
Asimismo plantea modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El documento señala que la reforma tiene por objeto excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada de personas, la tortura y la violación, es decir, los infractores castrenses serán juzgados por tribunales civiles.
De esta manera, establece que el Estado mexicano estará armonizando su legislación interna con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La reforma propuesta por el jefe del Ejecutivo atiende los argumentos señalados en la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que se vulnere el bien esencial que protege la jurisdicción militar.
Indica que con la aprobación de dicha reforma, el Estado mexicano daría cumplimiento a la sentencia del caso Rosendo Radilla, ya que como se desprende del texto de la sentencia, la jurisdicción militar debe acotarse a la protección de intereses jurídicos especiales.
El escrito explica que estos intereses están vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares, es decir a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar.
“En tal virtud, se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense”, aclara.
“Por ello y en atención a la naturaleza del bien jurídico lesionado, su conocimiento debe corresponder a la justicia ordinaria”, anota la iniciativa.
De acuerdo con El Universal, la iniciativa prevé la utilización del fax y el correo electrónico como medios de denuncia, pues son más rápidos y de carácter anónimo, lo que incentivaría la presentación de quejas contra integrantes de las Fuerzas Armadas.
Además, se buscará aumentar el periodo de prescripción por el delito de desaparición forzada hasta 35 años, para evitar la impunidad, y elimina la amnistía, indulto, preliberación o sustitución de pena en beneficio del responsable.
El costo, según el proyecto de reforma, costaría 72 millones 730 mil 84 pesos.
