Los discapacitados mentales son las personas con más riesgo para que se violen sus garantías individuales de manera permanente, aseguraron grupos de derechos humanos que presentaron el informe “Abandonados y desaparecidos: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México”.
El director ejecutivo de la Mental Disability Rights International, Eric Rosenthal, reconoció la labor de México en el contexto internacional para generar en el marco de las Naciones Unidas la Convención para Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, dijo que el parte que se presentó este martes, pretende ayudar al país a presentar el informe oficial ante las Naciones Unidas sobre el avance que se tiene en materia de cumplimiento en la defensa de los derechos de ese sector de la población con discapacidad.
Eric Rosenthal llamó a declarar “una moratoria” en la construcción de instituciones para discapacitados mentales, ya que el gobierno debe promover que estas personas regresen a la sociedad, lo que es muy difícil cuando las personas pasan años en las instituciones.
En el caso específico de los niños, agregó, cada uno de ellos está en riesgo cuando es ingresado a alguna institución, porque los lugares de este tipo son “como hoyos negros” por la falta de supervisión que tienen.
De acuerdo con el informe, la falta de tratamientos especializados y la carencia en los cuidados genera que los enfermos se aislen y terminen por sufrir un deterioro aún mayor de sus condiciones de vida.
Además, son despojados de su capacidad jurídica con argumentos de protección y algunos incluso “desaparecen” y se especula que son víctimas de abusos sexuales o vendidos a grupos de traficantes de seres humanos.
Las torturas y los malos tratos, así como tratamientos inmediatos (como el caso de una mujer que sólo ha sido atada a su silla de ruedas para que no atente contra su vida) son preocupantes, pero sobre todo aquellas intervenciones quirúrgicas que aún se realizan como las lobotomías, para las que se necesita el consentimiento informado.
Según Rosenthal, lo único que ha cambiado en el país es que las organizaciones civiles se han unido para exigir que el gobierno cumpla sus promesas de salvaguardar las garantías de los discapacitados.
Consideró que el gobierno de México debe modificar de fondo el sistema institucional para los enfermos mentales, porque se vuelven cada vez más y más discapacitados en las instituciones.
A su vez, la directora para México y Centroamérica de la Disability Rights International, Sofía Galván, refirió que el informe se basa en investigaciones hechas en centros de salud mental, orfanatos y albergues en seis entidades del país, incluido el Distrito Federal, donde se observa un patrón generalizado de violación a los derechos humanos.
