San Fernando, Tamulipas, no sólo se ha convertido en un gran cementerio clandestino, sino que policías de la entidad se han encargado de lucrar con el dolor. La información tiene precio, los cuerpos son productos que los uniformados usan para ganar dinero, al menos tres mil pesos cuesta saber algo en el municipio, publicó La Jornada.
A una mujer que viajó hasta allá con las esperanza de encontrar a su padre, desaparecido desde hace un año, policías tamaulipecos le solicitaron tres mil pesos para permitirle ver los cadáveres rescatados de las fosas clandestinas, que hasta el martes ya sumaban 183, y así evitarse el largo trámite con las autoridades.
Según la información que dio, su padre fue “levantado” hace un año en un estacionamiento del centro de la capital de San Luis Potosí, evento que fue grabado por las cámaras del Centro de comunicación, cómputo y comando. Al no encontrar respuesta en las autoridades potosinas, se trasladó a Tamaulipas para saber sobre el paradero de su familiar.
“Si no tiene el efectivo, tal vez se puede identificar a las víctimas mediante análisis de ADN de los dientes o el cabello, o por la ropa que vestían, pero eso tarda mucho tiempo, nadie sabe cuánto”, fue la alternativa de los servidores públicos.
La mujer afirmó que tuvo que pasar por muchos filtros, con policías de todos los niveles, incluso militares y al final empleados de mostrador, todos con caras de pocos amigos, haciendo interrogatorios rudos y pidiendo datos personales y documentos que acreditaran la veracidad de los dichos.
Su suplicio apenas comienza y ya lleva 23 mil pesos gastados en transporte, hospedaje y alimentación. La incertidumbre sigue, no sabe si alguno de los 183 cuerpos enterrados es el de su padre.
