“Quiero rentar mi vientre, ya he sido madre, soy muy sana me cuido mucho no tengo vicios”, la frase es como una invitación, pero pasa desapercibida entre los mejores anuncios de mujeres que buscan lo mismo: ser una madre temporal de un hijo que genéticamente no será suyo.
“Lucía” es una de las ofertantes, utilizó la página de Facebook “Madre subrogada. Vientre en venta” para buscar a padres que no pudieran tener hijos naturalmente.
Vive en Chihuahua y al preguntárle sobre su salud afirma tener todo en orden, aunque nunca ha experimentado la maternidad subrogada. Su prioridad es saber cuánto le pagarán por prestar su cuerpo, le convence una cuota inicial de 35 mil pesos y un depósito mensual para sus revisiones.
Hay otros casos como éste fáciles de encontrar en Internet, todas buscan la mejor remuneración económica, los precios son varios, pero hay quienes valúan su vientre hasta en 350 mil pesos, como un carro de agencia.
En México la renta de vientres está prohibida y sólo Tabasco y Sinaloa cuentan con la figura de maternidad subrogada. Sin embargo, hay hospitales privados que hacen el procedimiento bajo otros nombres.
Luego de dos intentos fallidos, en el Distrito Federal se busca retomar la propuesta para aprobar la Ley de Maternidad Subrogada. Carlos Hernández Mirón, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa local, es el principal impulsor y manifestó que hay varios aspectos que deben resolverse para aprobar la legislación.
El principal es el financiero, en segundo lugar las modificaciones que requiere el Código Civil, sobre el concepto de ser madre quien está pariendo; y en el Código Penal, si se incumple el contrato para la contratación del vientre.
Abaratar costos, un objetivo
La maternidad subrogada requiere de un tratamiento in Vitro, cuyo costo de de 95 mil pesos, otros 35 mil pesos para la preparación uterina y transferencia embrionaria a la paciente que subrogará el útero y 65 mil pesos de la parte de asesoría legal.
El legislador explicó que la falta de regulación fomenta el mercado negro. Tener una regulación, además de evitar la ilegalidad, abarataría el procedimiento que actualmente cuesta de 80 mil a 120 mil pesos.
Para ello, se requiere de infraestructura en los hospitales, para realizar los procedimientos. También el Gobierno del DF debe enlistar un padrón con las clínicas que se especialicen en el área, pues los casos no deben ser llevados por un médico general o internista.
“Los mexicanos estamos listos para una legislación como ésta. Actualmente no hay un estimado de las clínicas que lo hagan, pero pueden ser entre 11 o 15 lugares”, señaló Herández Mirón.
Pese a que la iniciativa ya fue consensuada y apoyada por las distintas fracciones parlamentarias, aún no hay un dictamen al respecto, por lo que tendrían que esperar hasta el periodo extraordinario de la ALDF para saber el futuro de la Ley.
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