Veinticuatro años después otro multihomicidio en el Distrito Federal volvió a cimbrar la vida de Rodolfo Ríos Garza. Cuando era estudiante de Derecho en 1991, su hermano Raúl Alfonso -actual coordinador de Salud Bucal- fue vinculado a la muerte de seis personas en la colonia Portales; y en 2015, ahora como procurador de justicia capitalino, tiene que resolver de manera clara y contundente el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte.
En ambos casos se trató de ocultar las evidencias que apuntaban al narcomenudeo y a la operación de carteles de la droga en la Ciudad de México como los móviles de los crímenes.
En el multihomicidio de la Portales se descartó la línea de investigación de narcotráfico, a pesar de que una de las personas ejecutadas en 1989 fue requerida por las autoridades para declarar sobre un cargamento de droga en Veracruz; mientras que en el Caso Narvarte, en el bolso de una de las víctimas fatales se encontraron 300 gramos de cocaína en dosis individuales, las llamadas ‘grapas’.
Ambas tragedias comparten similitudes, desde la forma en que fueron privadas de la vida hasta la presunta tortura a los detenidos para arrancarles confesiones.
Por el primer hecho, Raúl Alfonso Ríos Garza estuvo en prisión un año y medio por diversas irregularidades, lo que marcó la vida de Rodolfo Ríos Garza, quien al asumir la titularidad de la procuraduría capitalina aseguró que “por eso nunca voy a encarcelar a un inocente”. El segundo definirá su futuro en la Ciudad de México y parte de su trayectoria profesional.
Desde 2008, la presencia de los cárteles del narcotráfico es más visible, detenciones de capos, ejecuciones y aseguramiento de drogas en México y en la capital del país, sin embargo, el gobierno capitalino mantiene el discurso de que en la Ciudad de México “no tiene asentado un cártel”, pero reconoce que “lo que sí hay es narcomenudistas”, lo que sería una operación inverosímil e inusual de los grupos delictivos.
Las autoridades capitalinas buscan imponer el robo como el móvil del Caso Narvarte y establecer la muerte de las víctimas como un hecho aislado como consecuencia del delito, y por otro lado pretenden alejar las evidencias que apuntan a una venganza de narcomenudistas, ya que al aceptar este móvil reconocerían la presencia y operación de cárteles de la droga en la Ciudad de México, con lo que evidenciarían la incapacidad del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para enfrentar y contener a estos grupos delictivos.
1991: MULTIHOMICIDIO EN LA PORTALES
El jueves 18 de julio de 1991, Hortensia Nava salió de su domicilio -ubicado en Trípoli NO. 207, colonia Portales en la delegación Benito Juárez- a las 7:00 horas con rumbo a su trabajo en unas oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al poniente de la ciudad, iba acompañada de su esposo José Luis Ortiz Valera y de su hija Silvia Ortiz Nava.
Ella le pidió a su marido que pasara a recogerla a las 15:00 horas. Él, un ingeniero químico jubilado de una empresa cementera, aceptó. Dejó a su hija en una estación del metro y se encaminó a una sucursal bancaria en Félix Cuevas a retirar dinero para las vacaciones familiares.
Antes del medio día Hortensia Nava estaba inquieta, marcó el número telefónico de su domicilio, la línea le regresaba los tonos de ocupado. El nerviosismo creció. Llamó a una vecina y le pidió que fuera a ver si su familia se encontraba bien.
Cuando terminó el horario laboral, Hortensia Nava buscó a su comadre Celia Cid para que la acompañara a la casa. Entraron a la propiedad después quitar el cristal de una ventana. Con miedo, ambas se dirigieron a la recamara matrimonial. El horror se apoderó de las dos.
Hortensia Nava encontró una escena espeluznante: sobre la cama el cadáver de su cuñada María Elena Ortiz; en el piso, boca abajo con un tiro de arma de fuego en la cabeza, su sobrina Nidia Rivadeneyra, y a unos centímetros del cuerpo, a su sobrino Héctor Rivadeneyra, con signos de asfixia.
Temblando se dirigió a otra habitación y halló otra imagen dantesca que le llenó la mirada: su esposo y su hijo José Luis Ortiz Nava victimados con un tiro de gracia.
Ya no podía más, tomó un último soplo de fuerzas y se encaminó a otra de las piezas de la casa, la sostenía leve una esperanza, pero se desvaneció al abrir la puerta: su hija Rebeca Ortiz Nava, sin vida con las manos atadas y una bolsa de plástico en la cabeza.
Con la ayuda de su comadre, Hortensia Nava salió de su hogar. Vecinos la asistieron, llamaron a la policía para avisar del crimen. En minutos la calle de Trípoli fue ocupada por decenas de patrullas y vehículos de la procuraduría capitalina.
La inspección del inmueble la realizó el titular de la decimosegunda agencia del Ministerio Público y policías judiciales. No había puertas ni cerraduras forzadas, lo que hizo pensar a los investigadores que los homicidas tuvieron acceso libre, es decir, que conocían a las víctimas. Estimaron que el crimen se consumó en un tiempo de dos horas.
En el lugar se encontraron casquillos de bala calibre .380 de un arma semiautomática tipo escuadra, así como una almohada que fue empleada para aminorar el ruido de las detonaciones.
Las necropsias fueron coordinadas por el director del Servicio Médico Forense, Fernando García Rojas, quien fue despedido en 1995 por las múltiples irregularidades encontradas en el SEMEFO.
Se descartó el móvil del robo porque en la casa permanecía el automóvil con placas 421-CEK, propiedad de la familia, los peritos intuyeron que los victimarios buscaban algún documento relevante, ya que una de las habitaciones se encontró un desorden de papelería, objetos y ropa. En el mobiliario se encontraron algunas huellas dactilares.
Se supo que María Elena Ortiz de Rivadeneyra, y sus dos nietos, Nidia y Héctor Enrique Rivadeneyra, procedentes de Altotonga, Veracruz, habían ido a visitar a José Luis Ortiz Valera a la Ciudad de México.
Al día siguiente por la mañana, el 19 de julio de 1991, Silvia Ortiz Nava, hija de José Luis Ortiz Valera, llamó a su novio Raúl Alfonso Ríos Garza para informarle que su padre y dos hermanos fueron asesinados. En aquella época la familia Ríos Garza tenía su domicilio en la colonia Asturias.
Las indagatorias estuvieron a cargo de Rafael Rocha Cordero, jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, se destinó a 50 elementos para realizar la investigación de multihomicidio de la familia Ortiz Valera.
Una de la vecina de la calle Trípoli identificada como Tete dijo no haber escuchado ruidos extraños o detectar movimientos inusuales en el interior del domicilio el día del crimen. La policía llamó a declarar a vecinos, amigos, allegados y familiares de las víctimas, en las que se utilizó la prueba del polígrafo –detector de mentiras-.
Un taquero de nombre Jacinto Contreras García declaró que el día del crimen vio un automóvil Tsuru color azul marino con tres hombres sospechosos abordo.
Las autoridades dijeron que “no se descartarían líneas de investigación”, entre ellas un incidente de tránsito en el estado de México que tuvo el señor José Luis Ortiz Valera en el que lo amenazaron de muerte.
José Luis Ortiz Valera –una de las víctimas- y Héctor Rivadeneyra Ortiz –familiar sobreviente- se dedicaban a la venta de seguros y traspaso de vehículos; además intentaron organizar una “pirámide” pero fracasaron, por lo que tuvieron que devolver el dinero, de este último negocio se desprendió que quizá una de los participantes tuvo una inconformidad y amenazó de muerte a Ortiz Valera.
Por la forma en que fueron asesinadas las seis personas, las autoridades advirtieron que se trataba de una ejecución, un “ajusticiamiento” entre narcotraficantes. Además el cuerpo de José Luis Ortiz Valera presentaba signos de tortura, se dijo que hubo “saña” al momento de arrebatarle la vida, lo que hizo pensar que él era objetivo, “el blanco” de la venganza del grupo delictivo.
En cuanto al móvil del crimen, el Fiscal Central de Homicidios, Roberto Valero Chávez, dijo que existían todos los indicios de que se trataba de un ajusticiamiento entre narcotraficantes “ya que el modo de operar es característico de la mafia de las drogas”.
La línea de investigación de narcotráfico se robusteció al descubrirse que José Luis Ortiz Valera, químico jubilado de una empresa cementera, fue llamado a declarar ante un juez penal de distrito, relacionado con el delito de “daño contra la salud”, por lo que las pesquisas apuntaron a una posible vinculación del occiso con las “mafias del narcotráfico”.
Se manejó la hipótesis de que el químico jubilado habría sido invitado por un grupo del narcotráfico a participar en sus actividades ilícitas, “procesar cocaína” y al rechazar la propuesta, lo silenciaron para siempre con el objetivo de evitar que los denunciara a las autoridades.
Sin embargo, al indagar en la trayectoria profesional y laboral de José Luis Ortiz Valera, se descubrió que en 1989 fue asegurado un camión de la empresa Cementos Tolteca en Veracruz cargado con cocaína.
Por lo que José Luis Ortiz Valera fue llamado a declarar ante un juez penal de distrito por la investigación de “delitos contra la salud”, y las autoridades capitalinas insinuaron que quizá en su comparecencia delató a algún personaje involucrado en el embarque, quien habría pagado para que lo ultimaran.
Por el hermetismo que mantenían durante las diligencias, la policía capitalina comenzó a sospechar de Héctor Rivadeneyra Ortiz y de Hortensia Nava –la viuda-, está última según los judiciales, la escucharon decir “era algo que ya se esperaba” momentos después del crimen. Ambos fueron requeridos para ampliar sus declaraciones.
Los investigadores analizaron tres papeles escritos por Hortensia Nava, apuntes dirigidos a su esposo José Luis Ortiz Valera en los que indicaba que él no le comprendía y creía que estaba abusando de su confianza. En el último papel la viuda escribió: “A partir de hoy, soy libre”.
El 10 de octubre de 1991, la procuraduría capitalina presentó a Héctor Rivadeneyra Ortiz, Raúl Alfonso Ríos Garza y a Juvencio Garduza Rueda como presuntos responsables del múltiple homicidio en la colonia Portales. Los tres, según la procuraduría capitalina, confesaron su participación en el crimen.
De manera sorpresiva, las autoridades señalaron a Héctor Rivadeneyra Ortiz de matar a su madre, a su tío, a sus primos y a sus dos hijos Nidia y Héctor; Raúl Alfonso Ríos Garza, recién egresado de odontología y novio de Silvia Ortiz Nava, de participar en el asesinato de su suegro y cuñados; y a Juvencio Garduza Rueda, un empleado de Pemex, de ser el tercer cómplice y autor material del asesinato.
Los tres fueron remitidos al Reclusorio Preventivo Norte -conocido como Reno- el 13 de octubre de 1991, el Juez Quinto Penal, Salvador Ávalos Sandoval, les dictó auto de formal prisión.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, Juvencio Garduza Rueda, fue identificado mediante una fotografía como la persona que compró la cinta masquintape amarilla y negra, los guantes de hule y las bolsas de polietileno en la tienda Gigante ubicada en División del Norte, es decir, artículos que habrían sido utilizados para someter y aniquilar a las víctimas de la colonia Portales.
La procuraduría capitalina aseguró que en su declaración Margarita, la empleada de la tienda Gigante, dijo el día 18 de julio, Juvencio Garduza Rueda, se mostró nervioso al comprar los artículos alrededor de las 9:23 horas de ese día.
En la versión oficial, tres días después, el día 21 de julio, a la tienda ubicada cerca del Parque de los Venados, habría llegado Raúl Alfonso Ríos Garza y buscó a la empleada, de manera amigable trató de hablar con ella y luego intentó subirla a su vehículo, pero ella logró escapar con unos compañeros de trabajo.
Días después, el 5 de agosto Juvencio Garduza Rueda, visitó nuevamente el establecimiento y amedrentó a Margarita mostrándole un arma de fuego que portaba en la cintura. El día 9, Héctor Rivadeneyra se presentó a intentar comprar todas las cintas y guantes que quedaban en exhibición.
De acuerdo a los dichos de Margarita, ese mismo día 9 de agosto por la tarde, llegó Raúl Alfonso Ríos Garza a interrogarla y amenazarla.
Las fotografías de los tres presuntos homicidas fueron mostradas a Margarita, quien lo reconoció plenamente según la procuraduría capitalina.
Juvencio Garduza Rueda declaró en su primera comparecencia en el Reclusorio Preventivo Norte que al momento de ser detenido pidió que lo carearan con la persona que presuntamente lo habría identificado, que revisaron su vehículo y que después lo policías judiciales lo trasladaron a otro lugar con el rostro cubierto con una chamarra y que le pidieron nombre y direcciones de familiares, que le indicaron que si no se “abría de capa” con ellos, sus familiares correrían la misma suerte que él.
Dijo que fue sometido a tortura y vejaciones por parte de los policías para que firmara la declaración del día 9 de octubre donde presuntamente confesaba como se planeó “darle un escarmiento” a José Luis Ortiz Valera y como fueron asesinadas las seis personas en la casa de Trípoli No. 207.
Garduza Rueda aseguró que los agentes policiacos le dieron toques eléctricos, y con una manguera le echaron agua en las fosas nasales, que por ese motivo, bajo presión declaró haber participado en el multihomicidio. Todo quedó asentado en la declaración preparatoria del Reclusorio Preventivo Norte.
Mónica Maldonado Gómez, esposa de Juvencio Garduza Rueda, aseguró que días después de la detención de su marido recibió una llamada telefónica anónima que le decía que se cuidara porque le podía pasar algo.
El recién egresado de odontología, Raúl Alfonso Ríos Garza, novio de Silvia Ortiz Nava, fue acusado de participar en el mutihomicidio. Sus padres y sus hermanos Rodolfo y Ricardo hacían fila junto a los familiares de otros presos dura la visita del fin de semana.
La familia Ríos Garza tuvo que vender el automóvil –en el que supuestamente quiso llevarse a Margarita- para llevar el juicio, cubrir honorarios de abogados y tener dinero para pagar “mordidas” a los custodios, quienes sólo así garantizaban protección a Raúl Alfonso y que no sería maltratado al interior del penal.
El caso llegó a la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Jorge Carpizo.
Después de un año y medio, se pudo comprobar que los tres detenidos no participaron en el multihomicidio, que Juvencio Garduza Rueda fue sometido a tortura y maltratos para obligarlo a declarase culpable, así como incriminar a Raúl Alfonso Ríos Garza y a Héctor Rivadeneyra Ortiz.
En el multihomicidio de la colonia Portales no hubo verdad ni justicia.
El joven Raúl Alfonso Ríos Garza recuperó su libertad tras 18 meses de cautiverio, antes del encierro en la prisión había concluido sus estudios de odontología con Mención Honorifica en la Universidad Latinoamericana (ULA).
Instaló su consultorio en la calle Oso No. 127 Int. 409 en la colonia Del Valle en la Delegación Benito Juárez.
Por la injusticia que vivió su hermano, Rodolfo Ríos Garza encaminó sus estudios al área penal para evitar que personas inocentes fueran incriminados y purgaran condenas.
Ricardo Ríos Garza, conoció a Miguel Ángel Mancera, y se hicieron amigos; el primero le presentó a su hermano Rodolfo. Al litigar juntos en el Bufete jurídico León, Moreno, Mancera y Asociados, S.C., Miguel Ángel y Rodolfo estrecharon vínculos y formaron una solida amistad.
En 2010 Miguel Ángel Mancera, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, nombró a Rodolfo Ríos Garza como su secretario particular y en el 2012 coordinador de Asesores. La vida de los Ríos Garza tendría un gran cambio.
Al llegar a la Jefatura de Gobierno apoyado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, les dio un espaldarazo a sus amigos los Ríos Garza, a Ricardo lo designó subsecretario de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental, en 2015 fue candidato a diputado federal en el distrito 6 Gustavo A. Madero por el PRD.
Actualmente Raúl Alfonso Ríos Garza, es el coordinador del Programa de Salud Bucal de la Secretaría de Salud (SEDESA) del gobierno del Distrito Federal, adscrito a la Dirección Ejecutiva que encabeza Francisco Osuna Sánchez. También fue el coordinador General de Programa de Salud Bucal de los Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y coordinador de Odontología en la SEDESA.
Mientras que desde el 2012, Rodolfo Ríos Garza, es el actual titular de la PGJDF, tiene el puesto que hace unos años ocupó su amigo Miguel Ángel Mancera.
CASO NARVARTE: EL NARCOMENUDEO
A pesar evidencias, indicios, testimonios y trabajos periciales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no ha podido establecer el móvil multihomocidio perpetrado 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.
El titular de la procuraduría capitalina, Rodolfo Ríos Garza, señaló se agotarían todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de las cinco personas, sin embargo, desde el principio se inclinó por el móvil del “robo”, el cual robusteció a lo largo de los días con la revelación de los algunos datos de la averiguación previa, haciendo a un lado el móvil del narcomenudeo.
La noche del 31 de julio de 2015 se conoció del hallazgo cinco cuerpos en un departamento del edificio ubicado en la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, de la Delegación Benito Juárez.
Las víctimas: el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz, la empelada doméstica Alejandra Negrete y la ciudadana colombiana Milé Virginia Martín. Las autoridades estimaron que el crimen se ejecutó entre las 12:00 y las 15:00 horas.
Los cuerpos estaban bocabajo, atada de pies y manos, con el llamado tiro de gracia, dos de las personas fueron asfixiados antes de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza.
Las puertas y las cerraduras del departamento no estaban forzadas, lo que las autoridades supusieron que las víctimas conocían a sus agresores mortales. El mismo argumento utilizado en 1991 en el multihomicidio de la colonia Portales.
Por las lesiones que presentó el cuerpo de la mujer de origen colombiano –ella tenía la ropa interior en los tobillos, con signos de abuso y un palo introducido en el ano-, hace pensar que Milé era el blanco del ataque.
En el departamento donde se suscito el crimen se encontraron seis chip en dos teléfonos celulares que pertenecían a la mujer colombiana; además se descubrió que ella utilizaba tres identidades: Milé, Nicole y Azucena Díaz.
En la habitación de Milé se encontró una bolsa con 300 gramos de cocaína en dosis individuales, la llamadas ‘grapas’, por lo que podría establecerse que el crimen está relacionado con un problema de narcomenudistas y la mujer colombiana.
De acuerdo al FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 los presuntos asesinos escaparon en automóvil Mustang 2006, color rojo con franjas blancas en el toldo y el cofre, con placas 486VRN, que presuntamente pertenecía a Milé. Un elemento que sumaba a la línea de investigación del robo.
Por la tarde de ese día, las autoridades capitalinas encontraron el vehículo en calles de Paseos de Tasqueña, en la delegación Coyoacán, tardaron más de 60 horas en localizar el automotor a pesar de que una cámara de videovilancia del Programa Ciudad Segura está instalada casi frente al número 1909 de Luz Saviñón, el monitoreo y el seguimiento de esa cámara retraso en dos días la aportación de indicios a la investigación.
En Mustang 2006 la policía encontró una caja con tres pastillas psicotrópicas, así como dosis de mariguana y cocaína. Una evidencia que aportaba al móvil de narcomenudeo.
Sólo se filtró que después de un análisis toxicológico, Nadia Vera tenía residuos de mariguana en la sangre, y el fotógrafo Rubén Espinosa tenía rastros de la misma sustancia y de cocaína. Se dijo que las otras tres víctimas femeninas no detectaron drogas.
Las imágenes de sistema de viodevigilancia del gobierno de la Ciudad de México del día 31 de julio de 2015, registraron a las 15:02 horas a tres sujetos que salen del edificio, arrastrando una maleta voluminosa con ruedas y cargaban otra pequeña.
La investigación del robo se reforzaba con el presunto saqueo de las pertenencias de las víctimas, algunas joyas y pertenencias que sacaron de la habitación de Milé y de Yesenia –otra víctima-.
“Se puede observar que lleva una maleta negra que tiene cierto peso en donde pudiera haber unos objetos que se encontraban en este departamento”, dijo el procurador Rodolfo Ríos Garza en conferencia de prensa.
Un mensaje de Rubén Espinosa con un amigo a través de Whatsapp y la hora de salida de los presunto autores materiales del multihomicidio demostraron que privaron de la vida a las cinco personas entre las 14:12 y las 15:00 horas.
El 5 de agosto se presentó ante el Ministerio Público a Daniel Pacheco Gutiérrez, quien habría confesado su participación en los hecho de la colonia Narvarte, sin embargo, dos días después se reservó el derecho a declarar ante un juez y solicitó la ampliación del plazo para hacerlo.
En la primera declaración, Daniel Pacheco Gutiérrez señaló en su declaración ministerial que acudió al departamento de Luz Saviñón 1909 por sexo, que pagó mil 800 pesos, y que al terminar su relación esperó afuera del departamento a Omar “N” y a José Abraham “N”, las dos personas con las que acudió al inmueble, este último presuntamente sostenía una relación con Milé.
Días después, el único detenido por el caso Narvarte cambió su declaración ante el Juzgado 25 penal. Dijo que fue amenazado, golpeado y no tuvo abogado. Sólo mantuvo la versión de que él no fue testigo de ningún delito.
La jueza Hermelinda Silva Meléndez, ordenó realizar los peritajes correspondientes para evaluar las lesiones de Pacheco Gutiérrez y establecer si hubo tortura.
La primera declaración de Daniel Pacheco Gutiérrez y de la procuraduría capitalina de que el detenido fue por sexo al departamento de la Narvarte se cae, ya que en ninguna de las víctimas femeninas tenía rastros de semen, y en el departamento tampoco se encontraron secreciones.
El contenido de la maleta se desconoce, pero se especuló que contenía drogas.
La policía capitalina tiene elementos para establecer el narcomenudeo como el móvil del multihomicidio de la colonia Narvarte, pero empecina en disfrazar una presunta venganza entre narcomenudista como un robo, y que las muertes se produjeron de manera incidental al delito.
CÁRTELES EN EL DF
Desde hace ocho años es cada vez más visible la operación de cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México, se han registrado detenciones de líderes de cárteles, ejecuciones, aseguramiento de droga y armas, sin embargo, las autoridades capitalinas niegan la presencia de grupos del crimen organizado.
En mayo de 2015, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ofreció una conferencia de prensa en el salón Hidalgo del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ese día aseguró que en el Distrito Federal no se ha asentado ningún cártel.
“Lo que sí hay es narcomenudistas, es una batalla de todos los días, en algunas zonas es mucho más intenso, es un tema en donde el GDF tiene que hacer tarea para el combate de las adicciones, eso nunca lo hemos negado, todos los días nos presenta el Gabinete de Seguridad, nos presenta capturas, en la mayoría de los casos corresponde a mariguana”, reveló Miguel Ángel Mancera.
Los narcomenudistas son el último eslabón operativo de los cárteles del narcotráfico, por lo que afirmar su existencia es reconocer la presencia de los grupos del crimen organizado, ya que la ecuación narcomenudistas sin cártel que los respalde en un territorio, resulta inverosímil.
Ese mismo mes durante una entrevista radiofónica el mandatario local afirmó que “la Ciudad de México no tiene la presencia, no tiene asentado un cártel, tenemos objetivos en movimiento y que pueden ser capturados aquí, ha habido capturas de la Marina, del Ejército, de la PF y de la PGR, esto incluso hemos participado en la seguridad perimetral, es muy diferente a que aquí esté asentado un cártel”.
En 2008 el titular de la PGJDF, Rodolfo Félix Cárdenas reconoció la presencia de cárteles de la droga en la Ciudad de México, en ese año Miguel Ángel Mancera se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, este último al sustituir a su jefe en el cargo desapareció los cárteles de los discursos y centro el problema en el narcomenudeo.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es uno de los principales puntos de introducción de droga, no sólo para el Distrito Federal, también para la zona centro del país, su control es esencial para el crimen organizado.
El Cártel de Sinaloa mantiene el control de la terminal aérea desde hace más de 10 años y han hecho ver su poder. La organización criminal colocó a Jesús Reynaldo Zambada “El Rey” como el mandamás de la terminal aérea.
En junio de 2005 fueron decomisados 300 kilos de cocaína en el aeropuerto capitalino, días después fue ejecutado en la calzada de Tlalpan el subinspector de la Policía Federal Preventiva (PFP), José Pedro Madrigal Trejo, responsable de la seguridad en la terminal aérea. El cártel cobró venganza.
El pleito entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva en 2007 llegó hasta la Ciudad de México, y desnudó la operación de la organización criminal en el Distrito Federal, la cual se mantenía discreta.
Tres cuerpos sin vida fueron localizadas en el perímetro del AICM en diciembre de 2007, eran de empleados de la empresa Jet Service -dedicada a servicios aduanales-, y la procuraduría capitalina señaló que el crimen podría estar relacionado con el tráfico de efedrina a la Ciudad de México.
En los primeros días de enero de 2008, se encontraron tres cabezas cerca del aeropuerto, el entonces procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas informó que dos de los sujetos presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de enervantes en el barrio de Tepito; y dijo que las decapitaciones respondían a una contienda entre grupos del crimen organizado por el control de la terminal aérea.
Autoridades locales tenían identificados a por lo menos dos cárteles de la droga que presuntamente se disputaban el territorio capitalino: el del Golfo y el del Sinaloa.
“El Chapo” molesto por el crecimiento de los Beltrán Leyva dentro del cártel reveló a las autoridades el paradero de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” el 21 de enero de 2008 en Culiacán, Sinaloa. También se destapó una cacería en la Ciudad de México para atrapar a Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”.
Al día siguiente, el 22 de enero, la Policía Federal detuvo a 11 integrantes de un grupo armado del Cártel de Sinaloa denominado Fuerzas Especiales de Arturo (FEDA), que operaban en la capital del país bajo el mando de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”. Les decomisaron lanzagranadas, granadas de fragmentación, ametralladoras M-16y rifles R-15 y AK-47, así como un laboratorio de drogas clandestino.
Las fuerzas federales catearon tres domicilios de “El Barbas” en el sur de ciudad: en la calle Cerro de Dos Conejos No. 173 en la colonia Romero de Terreros; en la calle Reyna No. 1 en San Ángel; y en la calle Escarcha en Jardines del Pedregal.
Tras el operativo, Edgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, confirmó la presencia de cárteles en la Ciudad de México.
A principios de febrero de ese año, en calles de la delegación Miguel Hidalgo, de un disparo en la cabeza perdió la vida Roberto Velasco Bravo, director del Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
En abril se decomisaron 16 kilos de cocaína en el AICM, y al mes siguiente 24 figuras artesanales con 18 kilos de cocaína, también en la terminal aérea.
El 8 de mayo, Edgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue ejecutado en la colonia Guerrero. Días después Gerardo Garay, coordinador de la División Antidrogas de la Policía Federal, dijo que asesinaron a su compañero en venganza por lo operativos en el aeropuerto capitalino y que el crimen se perpetró por órdenes de los hermanos Beltrán Leyva.
Los Beltrán Leyva tomaron represalias contra el grupo de “El Chapo” y entregaron información a las autoridades federales para que en octubre de 2008, en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México fuera detenido Jesús Reynaldo Zambada “El Rey”, hermano de Ismael El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos “El Rey” Zambada confirmó que el sinaloense “controlaba una ruta de tráfico de drogas en el aeropuerto de Ciudad de México en nombre de su hermano” Ismael “El Mayo” Zambada.
El 13 de febrero de 2008, la policía capitalina decomisó un arsenal del Cártel de Sinaloa y se detuvo a siete personas en la colonia Portales. Entre los asegurados estaba Rogelio Mena Ruiz, alias “El Chilango”, quien dijo que trabaja para el Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes directas de un sujeto apodado El Gordo o El Abogado, quien le encomendaba a personas de provincia, a quienes tenía que conseguirles casas de seguridad o atenderlos en hoteles.
A “El Chilango” se le encontró una lista de departamentos en renta ubicados en varias colonias de la delegación Benito Juárez.
“El Chapo” respondió con una delación y días después las fuerzas federales detuvieron a 15 personas, 11 de ellas de origen colombiano, en una fastuosa residencia en el Desierto de los Leones, presuntamente propiedad de una red del Cártel de Calí ligada al hermanos Beltrán Leyva.
Entre los aprehendidos estaba Teodoro Mauricio Fino Restrepo, alias “El Gaviota”, quien desde el 2005 realizaba labores de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización de los Beltrán Leyva.
La guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva no pararía ahí en la Ciudad de México, en marzo de 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” -hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada- frente a su domicilio en la calle Lluvia en Jardines del Pedregal. Otro golpe para los sinaloenses.
La contestación llegó un mes después con la aprehensión en un parque de Bosque de las Lomas de Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes -“El Señor de los Cielos” extinto líder de Cártel de Juárez-, y que mantenía una alianza con los Beltrán Leyva.
Con la muerte de Arturo Beltrán Leyva “El Barba” en el estado de Morelos en diciembre de 2009, la lucha terminó en el Distrito Federal y el Cártel de Sinaloa se apoderó totalmente de la capital del país. Los operadores de los Beltrán Leyva siguieron operando pero con menor fuerza en la ciudad.
En agosto de 2010, Miguel Ángel Mancera explicó que el problema del narcomenudeo tiene dimensiones considerables, “es un mercado (el DF) lo que si tenemos es que hay narco tienditas y son las que estamos combatiendo y por eso se unen también los esfuerzos con la federación… si nosotros juntáramos en este momento todas las cantidades de narcomenudistas ya sea para el consumo, ya sea para lo que fuera, pues encontraríamos que hay una gran cantidad de droga distribuida”, precisó.
Desde que encabezaba la PGJDF en 2008, Miguel Ángel Mancera, sostiene este discurso “narcomenudistas sí, carteles no”, y al llegar a la Jefatura de Gobierno en 2012 lo sigue manteniendo. Su procurador, Rodolfo Ríos Garza repite mismo discurso.
El crimen de las 12 personas levantadas del Bar Heaven, el Jefe de Gobierno las redujo a una lucha entre bandas de Tepito, no quiso reconocer la presencia de algún cártel.
“Quien nos puede informar a nosotros y decirnos ‘mira, es el cártel fulano de tal o está operando tal organización delictiva’, es el Gobierno federal… Pues hasta ahora yo te diría que sigue estando focalizado en un tema de rivalidad, como lo planteamos”, explicó.
A principio de julio de 2015, fue detenido por la Policía Federal, Martín Villegas Navarrete, en la colonia Roma mientras festejaba su cumpleaños, era un líder del Cártel de los Beltrán Leyva en el Distrito Federal y está relacionado con el hallazgo de dos cuerpos calcinados en una camioneta en Santa Fe en enero de 2012.
Al día siguiente de la aprehensión Rodolfo Ríos Garza, dijo que en la capital del país no están asentados los cárteles de narcotráfico.
En el multihomicidio de la colonia Narvarte registrado el 31 de julio, las autoridades capitalinas se resisten a revelar que detrás del crimen está un ajuste de cuentas entre narcomenudistas y que la ciudadana colombiana Milé era el objetivo principal del asesinato.
Tanto en el automóvil Mustang, como en el bolso personal de Milé se encontraron dosis individuales de cocaína y marihuana, además de su habitación extrajeron una maleta en la que se presume que contenía enervantes.
En la Ciudad de México se han incrementado el número de detenciones y homicidios de mujeres dedicadas al narcomenudeo, el propio Miguel Ángel Mancera lo reconoció cuando era el procurador capitalino, pero años después se niega a aceptar esta realidad.
En junio de 2010, reconoció un incremento de mujeres asesinadas relacionadas con el narcomenudeo. Explicó que este tipo de asesinatos se presentaban principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Milpa Alta.
“Ya hemos encontrado varias mujeres que han sido víctimas de la violencia, y de las investigaciones se desprende que tenían algún tipo de participación con narcomenudeo”, detalló.
Milé podría ser parte de las mujeres dedicadas al narcomenudeo y víctima de una venganza del crimen organizado, sin embargo, las autoridades seguirán negando este móvil porque sería aceptar la presencia de cárteles de la droga en la Ciudad de México y exhibiría la incapacidad del Jefe de Gobierno de enfrentar este problema.
Aceptar la presencia de grupos del crimen organizado representaría la presencia de fuerzas federales en apoyo a las tareas de seguridad de la policía capitalina, lo que también sería un golpe político importante que impactaría en la construcción de su candidatura presidencial para el 2018 y la sucesión en la Ciudad de México, ya que abriría un flanco para que los ataques de la oposición.
Rodolfo Ríos Garza sostendrá el móvil del robo en el crimen de la colonia Narvarte, a un mes no ha presentado evidencias hacia otra línea de investigación.
Su principal detenido, al cual presentó como participante confeso del multihomicidio, pero días después cambió su declaración y argumentó tortura, que de comprobarse, el propio Rodolfo Ríos Garza repetiría los atropellos que cometieron con su hermano hace 24 años: la fabricar culpables para sacudirse presión social y política.
El procurador está en una encrucijada, pero al parecer sostendrá el móvil del robo y descartará el del narcomenudeo para cuidar la imagen de la Ciudad de México y de su jefe Miguel Ángel Mancera.
Publicación de La Silla Rota