Integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores se pronunciaron porque la extradición de Joaquín Guzmán Loera no sea inmediata, sino que sea mantenido en el país para que informe acerca de quienes le ayudaron a fugarse del penal “Altiplano”.
El secretario de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Héctor Larios Córdova, consideró que el Poder Judicial de la Federación es la entidad que debe resolver la extradición de “El Chapo” Guzmán.
Además se deben desahogar los procesos externos abiertos y enfrentar las acusaciones internas que se tienen en su contra, abundó el legislador del Partido Acción Nacional.
“Si los jueces determinan que sea extraditado, que sea extraditado, pero que sea un asunto de jueces; vamos, que no sea que lo saquen en la mañana, lo trepen a un avión y se lo lleven a Estados Unidos”, declaró el panista.
En entrevista por separado Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, dijo que primero las autoridades federales deben garantizar el resguardo del narcotraficante en el penal de máxima seguridad “Altiplano”.
El senador perredista se pronunció porque el líder del cártel de Sinaloa sea juzgado en México por los delitos que se le imputan, antes de ser extraditado “y una vez que esto sea resuelto, analizar si es viable o no la extradición”.
En el mismo sentido se expresó el diputado panista Federico Döring Casar, para quien la eventual extradición de Guzmán no debe ser inmediata sino que el gobierno federal debe antes obtener información concreta sobre el círculo de personas que participaron en su segunda fuga, así como de su estructura financiera y “lavado” de dinero.
La diputada perredista Hortensia Aragón Castillo comentó, a su vez, que ese procedimiento es una medida jurídicamente viable que se ha hecho en otros casos.
Sin embargo “no siempre la extradición tiene que ver con eso, aunque en este caso no deja de ser un tema fundamental”, declaró la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Su homólogo priista Adolfo Mota Hernández opinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe revisar y buscar todas las líneas de investigación y proveer de información a Estados Unidos, por si las autoridades de ese país consideran analizar el caso.
