El Parlamento danés aprobó hoy una reforma de la política de asilo que incluye medidas polémicas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar.
La ley, una propuesta del Gobierno liberal en minoría y aprobada por 81 votos a favor, 27 en contra y una abstención, contó con el respaldo de sus tres aliados de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora, que suman casi tres cuartos de la Cámara.
La reforma ha estado rodeada por la controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar dos veces la normativa sobre confiscaciones, práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera.
La «ley de las joyas», como ha sido bautizada por medios daneses, excluye en su forma final objetos «de valor afectivo especial» y triplica hasta 10.000 coronas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden requisarse.
«El Gobierno no quiere quitarle sus joyas a los solicitantes de asilo», dijo hoy el portavoz liberal Jacob Ellemann-Jensen, que acusó a diputados de las formaciones de izquierda que han criticado la ley de perjudicar la reputación de Dinamarca en el exterior.
Tanto Ellemann-Jensen como el portavoz socialdemócrata, Dan Jørgensen, defendieron la «necesidad» de la nueva ley, que reduce también las prestaciones a los peticionarios, para asegurar su integración y no poner en riesgo el sistema de bienestar danés.
El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza del centroderecha, habló de «paso en la dirección correcta», pero pidió endurecer aún más las leyes y el control fronterizo para limitar sobre todo la inmigración de países musulmanes.
Johanne Schmidt Nielsen, líder de la «rojiverde» Lista Unitaria -cuarta fuerza parlamentaria- acusó al Gobierno de hacer «política simbólica» para «atemorizar» a los solicitantes de asilo y aislarlos en la pobreza, y Ulla Sandbæk, de la centrista La Alternativa, criticó que se los «estigmatice» y convierta en «sospechosos».
«Nacionalismo enfermizo» y «día triste» fueron adjetivos usados por los opositores a la ley, mientras sus partidarios hablaban de «responsabilidad» y «equilibrio» en la política de asilo.
La nueva norma contiene 34 medidas -13 fueron adoptadas en noviembre-, como endurecer el proceso para obtener los permisos de residencia y que quienes reciban asilo temporal deban esperar tres años para solicitar la reagrupación familiar, en vez de uno como hasta ahora.
Esa medida ha acaparado gran parte de las críticas de formaciones de centro e izquierda, así como de asociaciones de abogados y ONG como Amnistía Internacional, que han alertado de que Dinamarca podría violar la Convención Europea de derechos humanos, un «riesgo» que el Gobierno danés admitió durante la tramitación de la propuesta.
«Nunca habríamos presentado un proyecto de ley si creyéramos que viola las convenciones», dijo hoy al término de un debate de tres horas y media en el Parlamento la ministra de Integración, Inger Støjberg, aunque reconoció que se encuentra «en el límite».
Støjberg y su colega de Exteriores, Kristian Jensen, ya habían negado el lunes esa posibilidad durante una comparecencia en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (PE), que se interesó por las nuevas leyes danesas.
El primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, declaró fuera de la Cámara que no cree que sea posible endurecer más las leyes, algo que le reclaman sus aliados «populares», y recordó que el objetivo es que Dinamarca sea «menos atractiva» para los peticionarios.
La política de inmigración y asilo ha sido uno de los puntos centrales de los gobiernos de derecha que han regido Dinamarca desde 2001, que han impulsado una de las líneas más duras de la Unión Europea (UE), gracias también a que este país nórdico mantiene excepciones a la política comunitaria en el área de Interior.
El ascenso imparable del Partido Popular Danés, formación de corte xenófobo, ha arrastrado a parte de la izquierda, como quedó de manifiesto en el gobierno de coalición de la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt (2011-2015), que solo introdujo pequeños cambios en ese área respecto a anteriores administraciones.
Dinamarca, que implantó a comienzos de año controles fronterizos provisionales, recibió en 2015 a 21.000 solicitantes de asilo, un tercio más que en 2014 y un cifra inferior a la del resto de países escandinavos, sobre todo Suecia, que con 163.000 peticionarios presenta la más alta de la Unión Europea (UE) per cápita.
