La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, aprobó el martes en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación que busca la liberación del líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados «presos políticos».
El proyecto legislativo es rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que anticipa una nueva confrontación de poderes que podría truncar la ejecución de la ley.
La oposición, que es mayoría por primera vez en 17 años, aprobó el proyecto de ley que contempla una amnistía para los llamados «presos y perseguidos políticos» desde 1999, cuando el ahora fallecido presidente Hugo Chávez asumió la presidencia, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
Actualmente el oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso con amplia mayoría, cuenta con 54 de 164 diputados. Otros tres diputados opositores están transitoriamente al margen del Legislativo debido a que su elección fue impugnada.
El proyecto de ley de 44 artículos exceptúa de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
En un encendido debate, en los que se manifestaron las hondas diferencias entre el oficialismo y la oposición, la mayoría opositora aprobó el texto legal y lo remitió para su revisión en la «comisión correspondiente», un paso previo antes de ser sometido a debate nuevamente ante la plenaria cada uno de los artículos en una segunda y definitiva discusión.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, consideró necesaria la ley, argumentando que muchos opositores fueron sentenciados «en juicios trucados» con «pruebas indirectas, pruebas colaterales».
El influyente diputado oficialista Diosdado Cabello descartó en la sesión que la bancada oficialista pueda apoyar la nueva legislación, que llamó la «ley de la amnesia».
«»Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación ni reconciliación; aquí va a haber patria… va haber justicia», aseveró durante su intervención.
El presidente Maduro ha dicho que no va a promulgar ninguna ley de amnistía, pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
Algunos opositores y muchos analistas coinciden que ante el abierto choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la ley tendrá muchos obstáculos que podrían impedir a los tribunales ordenar su ejecución.
Ramos Allup, dirigiéndose a sus adversarios, admitió que la ley se enfrentará a obstáculos, «y ya nos han amenazado con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia» para «hacer nugatoria» la ley.
Desde la instalación de la actual Asamblea, el 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas, se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana.
A finales de diciembre el máximo tribunal suspendió a tres diputados opositores y uno del oficialismo por supuestas irregularidades en la elección, pero la coalición opositora mantuvo la mayoría en el congreso.
