La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió al gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntasirregularidades en el manejo de fondos federales en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2014.
El ente fiscalizador reclamó entre las supuestas irregularidades que, con recursos de los Juegos, el gobierno estatal que encabeza el priista Javier Duarte gastó 39.8 millones de pesos en remodelaciones al World Trade Center, que no corresponden con la infraestructura deportiva.
Además, con ese dinero también fueron remodeladas las instalaciones del mandatario estatal, como son las “oficinas, balcón, oficina del gobernador y sala de juntas del gobernador”.
En respuesta al reclamo, la Contraloría estatal y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) argumentaron ante la ASF que el WTC es un recinto de negocios y no una instalación deportiva, por lo que fue necesario realizarle adecuaciones para las disciplinas de Box, Lucha Olímpica y Tae Kwon Do, pero la ASF le reviró que estas adecuaciones no correspondieron a las obras contratadas.
El gobierno de Duarte gastó en total en los juegos mil 957 millones de pesos, de los cuales, mil 95 se usaron para equipamiento, organización, inauguración y la clausura del evento, mientras que otros 862 se destinaron para infraestructura deportiva.
La ASF encontró irregularidades al revisar esta partida de 862 millones, que se ejercieron mediante siete contratos por la SIOP, cuyo titular era Gerardo Buganza, político que buscó ser candidato independiente a la gubernatura y luego desistió.
Un solo contrato, por 684.7 millones de pesos, se pagó para el proyecto ejecutivo y la construcción de instalaciones en Xalapa, Coatepec, Boca del Río y Alvarado.
La Auditoría federal señaló que, previo al inicio de las obras, no se contó con el anteproyecto, proyecto ejecutivo ni el presupuesto revisado y evaluado a precios unitarios, lo que impidió la supervisión de las obras, por lo que requiere una aclaración.
Asimismo, detectó que la SIOP, para agilizar las obras, modificó contratos y sus respectivos montos a través de convenios con el fin de saldar diferidamente y con «pagos fijos» o «pagos adicionales» a los contratistas, pero éstos quedaron sin sustento por estar fuera de norma.
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