Gobierno puso en marcha maquinaria para sacar a Moreira de la cárcel: El País

Incluso, la procuradora Arely Gómez telefoneó a autoridades de primer nivel para conocer detalles sobre el arresto del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira

Por Publimetro

A pesar de que el gobierno mexicano mantuvo bajo perfil durante la detención de Humberto Moreira en España, habría recibido más que declaraciones de la administración de Enrique Peña Nieto.

El gobierno “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su Embajada en España para conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.

De acuerdo con la investigación del diario El País, incluso la procuradora Arely Gómez llamó personalmente a su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer el caso.

El 15 de enero pasado, el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, fue detenido al llegar al aeropuerto de Barajas, en Madrid.

Se le informó que estaba detenido y debía responder ante la justicia española por los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

Seis días después, informó el diario en su publicación “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”, se llevó a cabo la gestión de mayor nivel y que correspondió a la comunicación de Gómez.

La procuradora telefoneó directamente a Consuelo Madrigal, un día ante de la presentación de Moreira ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien acordó la puesta en libertad.

Un portavoz de la Fiscalía General española informó que la titular de esta dependencia respondió que el caso estaba bajo secreto y la posición de la fiscalía era pedir prisión contra el coahuilense.

El mismo día de la detención, personal diplomático en Madrid recibió órdenes de atender el caso: unos, para conseguir abogados de renombre; otros, para apoyar a la esposa de Humberto, Vanessa Guerrero, y sus hijas.

La familia de Moreira se hospedó en el hotel Vincci Soho, en la calle del Padro, a 100 metros de la Embajada de nuestro país, y usado generalmente para alojar a autoridades mexicanas.

La misma noche del arresto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional recibió llamadas de funcionarios de la PGR, para conocer los indicios y cargos contra Moreira, pero no recibieron información.

A través de fuentes cercanas a las negociaciones, El País detalló que los mexicanos creyeron que la estrecha relación entre la PGR y la Fiscalía General les permitiría obtener datos de primera mano, pero no los consiguieron. 

“Su silencio causó malestar en la legación diplomática, ya que, además en esta ocasión las autoridades españolas no les habían avisado de la detención como hacen habitualmente”. Incluso, la autoridades mexicanas lo supieron a través de la prensa.

El lunes 18, dos días y medio después de la detención, el cónsul de México en Madrid se trasladó a la prisión de Soto del Real para visitar al reo, con una “celeridad” que sorprendió las autoridades penitenciarias.

Un funcionario del consulado llamado Víctor, llamó al abogado Manuel Ollé, quien finalmente asistió a Moreira. Un chofer se dirigió con un auto diplomático para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano del exlíder tricolor.

Por si fuera poco, funcionarios de la Sección Consular redactaron una carta dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, para preguntar al juez Pedraz aspectos relevantes de la investigación.

Lo que solicitó el cuerpo diplomático fue: 

1.- Los delitos por los cuales se detuvo a Moreira.

2.- El tiempo que duraría el secreto de sumario.

3.- El resultado de la audiencia celebrada el día 22.

4.- Si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza.

5.- El tiempo que puede durar la instrucción del caso.

La respuesta de Pedraz no reveló ni un solo dato para los mexicanos.

LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ESPAÑA, SIN RESPUESTA

La Embajada mexicana en España no respondió a preguntas de El País sobre este caso, pero el 16 de enero difundió un comunicado en el que enfatizó que velaría porque el caso de Humberto Moreira se llevara con el debido proceso y que se le brindaría el apoyo “como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.

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