Las bancadas de la Cámara de Diputados se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para completar las reformas de transparencia y anticorrupción que ya tiene sus reglas generales pero que falta detallar en la operación en todos los niveles de gobierno para que sea realidad la fiscalización de los recursos asignados a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, y a partidas tan discrecionales en los Poderes de la Unión como las subvenciones legislativas que ascienden a más de 3 mil millones de pesos en Diputados y Senadores.
Al senador del PRD, Benjamín Robles, quien tiene un pie fuera del sol azteca, le han comenzado a caer ofertas de otro partidos políticos para que sea su candidato a gobernador de Oaxaca, sin embargo nos aseguran que el legislador estará en las boletas de la próxima elección sin siglas partidistas, lo que le dará margen para buscar apoyos de todos los “viudos” y “políticos resentidos” que no fueron bendecidos esta vez por sus partidos políticos.
Quien ya anda presumiendo los colores de sus nuevos partidos políticos es el ex priísta Carlos Joaquín González, quien ha dicho a propios y extraños que él tiene el apoyo suficiente para arrebatarle al gobernador Roberto Borge el control político de la entidad, lo que muchos perredistas y panistas concluyeron que esos apoyos podrían venir del mismo PRI en donde quedaron alguna cicatrices del proceso interno.
Nada fácil fue la decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, de pedirle a Dhyana Quintanar, separarse del cargo de titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP). Para varios en el gabinete local era sabido que la ex funcionaria era tan cercana a Mancera que se le atribuía la autoría de dos políticas que terminaron por ser sendos descalabrados para el mandatario local: el Reglamento de Tránsito y el Hoy no Circula. “¿Y qué sabe Quintanar de manejar autos?” se cuestionaban en el gabinete cuando pasaron por ella las medidas más polémicas de ambos casos. Ahora Dhyana tendrá que enfrentar las indagatorias que inició la Contraloría General sobre el contenido de las grabaciones telefónicas hechas públicas y en las que se escucha su voz presuntamente negociando beneficios para empresas privadas relacionadas con proyectos de obra pública.
