Claves del caso Ayotzinapa, a un año del trabajo del GIEI en México

Los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) comenzó a analizar el caso del 2 de marzo del año pasado.

Por Fabiola Ayala

Hace un año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó su participación en la indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras un enfrentamiento con policías de Iguala y Cocula, Guerrero.

En 2014 la CIDH, el Gobierno federal y los padres de los desaparecidos firmaron un acuerdo para que los investigadores Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.

Al presentar las conclusiones del primer informe que culminó en septiembre el 2015, los expertos mencionaron habría dos nuevas líneas de investigación: la referencia de un quinto camión desaparecido que podría señalar el destino de los jóvenes, del cual no se tienen detalles precisos en los informes de la PGR.

Además de hecha abajo la hipótesis oficial –denominada “verdad histórica” por el ex procurador federal, Jesús Murillo Karam– acerca  que los 43 jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula.

En general, mencionó que se detectó “existencia de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes”.

El quinto camión, el basurero y más
El GIEI detalló que un quinto autobús que desapareció de la escena, no fue investigado ni consignado por la PGR, por lo que para los expertos pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero.

La desaparición de vehículo consta en la primera consignación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, pero es inexistente en el expediente posterior que arma la PGR, a pesar de que los normalistas insisten en que tomaron cinco camiones y no cuatro, como consignó en un primer momento la dependencia federal.

Con respecto a la quema de cuerpos en el basurero, los expertos mencionaron que evidencia científica solicitada por la PGR demuestra que en el lugar no hubo un incendio que pudiera haber alcanzado para quemar 43 cuerpos y hubo lluvia en la zona.

Mencionaron la existencia de diversas imágenes satelitales y estudios de instituciones especializados en meteorología, sobre varias zonas del estado de Guerrero, las cuales demuestran que durante los días previos y posteriores a los 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo registro de ningún incendio.

Además los expertos encontraron que en el expediente oficial que se dio a conocer existe el testimonio de un sicario que refiere que no todos los normalistas están muertos.

Otro testimonio dice10 jóvenes que fueron quemados con llantas, madera, gasolina y diesel no eran estudiantes, pues vestían diferente. Tenían el pelo largo y eran mayores a los jóvenes de primero que en su  mayoría iban rapados tomo 16 de la averiguación

Otra de las conclusiones es que hubo nueve enfrentamientos en los que participaron policías municipales de Iguala y Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ello dejó 180 víctimas, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad. De éstas, seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, incluyendo un normalista con claras señales de haber sido torturado, y otros dos con disparos a quemarropa, así como tres fallecidos en el ataque al equipo Los Avispones.

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A ellos se suman los 43 normalistas detenidos y desaparecidos forzosamente, mismos que la PGR afirmó que fueron torturados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

Avance del segundo informe
El GIEI denunció una serie de obstáculos, desvíos de información y filtraciones ilegales a la prensa que “ponen en riesgo” los avances en la investigación sobre el caso Iguala y del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Al presentar un avance de su segundo informe, expusieron que la fragmentación de la averiguación previa AP001, que en lugar de estar integrada en su totalidad, sigue dispersa. Por ejemplo, mencionaron las recientes detenciones del llamado Cabo Gil y los integrantes del grupo delincuencial Los Peques.

Agregaron que la Subprocuraduria Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió nuevas averiguaciones previas, en lugar de derivarlas a la AP001, y niega el acceso a la GIEI.

En ese expediente se dice que “el Gil” se reservó su derecho a no declarar. Sin embargo, en algunos medios se publicaron supuestas filtraciones de esas declaraciones previas donde se afirman cosas que éste no dijo. “Es información errónea, que no corresponde a la realidad”, indicó la penalista Claudia Paz, miembro del grupo.

El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culmina en abril próximo y ya participa en un tercer peritaje al basurero de Cocula junto con la PGR.

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