Este jueves se dio a conocer que la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán (ACEC), Laura Caballero, pidió a los tres órdenes de Gobierno condonen los impuestos para poder pagar la cuota que exigen grupos delincuenciales.
La dirigente también “rogó” a los criminales ponerse de acuerdo para no realizar doble pago y que sólo una organización delincuencial domine esta zona del puerto de Acapulco, en Guerrero.
Lamentablemente este no es el primer caso «curioso» de cobro de piso en nuestro país. Aquí repasamos los demás.
Extorsiones contra maestros en Michoacán
En febrero de este año maestros de Los Reyes Salgado, Michoacán, denunciaron que las extorsiones que las autodefensas y la policía comunitaria habían erradicado regresaron con la ausencia de éstas.
Maestros de una primaria, una preparatoria y hasta un jardín de niños, denunciaron a la Policía Federal que son blanco de extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado.
Las amenazas por el pago han llegado hasta los alumnos y familias de los docentes.
Alcaldía de Matamoros
En octubre de 2015 la alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, aseguró que era víctima de la extorsión por parte del crimen organizado.
La alcaldesa refirió que administraciones pasadas del municipio pagaban cuotas a delincuentes y que, debido a que ella no había cedido a estos pagos, había sido blanco de ataques.
Ante esto, el presidente de la Federación de Cámara de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas dijo que «el que está acusando está obligado a comprobar, el señalamiento que está haciendo la alcaldesa de Matamoros es delicado, creo que no debe quedar como una declaración nada más hecha al aire».
No sólo el «crimen»
En octubre de 2015 la empresaria María Asunción Aramburuzabala ratificó y dio nuevos elementos en la denuncia por extorsión contra Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del comunicador Joaquín López-Dóriga.
Aramburuzabala acusó a la pareja del conductor de Televisa y a vecinos por haber exigido, a través de sus abogados, la cantidad de 5 millones de dólares para no frenar el proyecto.
Finalmente en septiembre de 2015 el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo en el Distrito Federal le dio la razón a la inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, con lo que pudo reanudar la obra en la calle Rubén Darío 225.
