Fiscalía de Sao Paulo pide detención preventiva de Lula

Los cargos presentados por la fiscalía de Sao Paulo parten de acusaciones de que el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un penthouse al frente de la playa en la ciudad de Guaruja

Por Agencias

La Fiscalía de Sao Paulo solicitó la detención preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los supuestos delitos de lavado de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsificación de documentos.

Los fiscales alegan que es “imprescindible” ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.

Los cargos presentados por la fiscalía de Sao Paulo parten de acusaciones de que el ex mandatario ocultó la supuesta propiedad de un penthouse al frente de la playa en la ciudad de Guaruja.

El jueves, en conferencia de prensa, el fiscal Cassio Conserino comentó que era claro que el departamento de tres pisos en el cual se centra el caso era para la familia de Lula.

Lula ha negado ser el dueño a la sombra del departamento, que pertenece a la constructora OAS. La empresa es uno de los grandes objetivos de una investigación federal paralela sobre corrupción que se centra en la petrolera estatal Petrobras. La semana pasada, Lula fue detenido para que rindiera declaración y la policía allanó su casa como parte del proceso.

Los cargos presentados el miércoles contra Lula tienen que ser aprobados ahora por un juez. Conserino agregó que no tiene idea de qué sucederá, lo que indica que podría tomar tiempo.

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¿Persecusión política?

En un comunicado, el que en su día fuera un inmensamente popular expresidente, dijo que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas.

“Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, dijo Lula en un comunicado.

La Fiscalía de Sao Paulo negó hoy que haya una posible motivación política en la denuncia presentada el miércoles contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los supuestos delitos de blanqueo de dinero vía ocultación de patrimonio y falsedad ideológica.

“El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, afirmó el fiscal José Carlos Blat durante una rueda de prensa en Sao Paulo.

Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, lo que el expresidente ha negado en reiteradas ocasiones.

La investigación de la Fiscalía de Sao Paulo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Según explicó el fiscal Cassio Roberto Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace “cinco o seis años” para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.

Durante la trasferencia, se empeoraron las condiciones de compra de algunos de los clientes, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, “acabó con el sueño” de muchos ciudadanos de obtener una casa propia.
“Mientras miles de familias quedaron sin sus apartamentos y se vieron despojadas de realizar el sueño de tener una casa propia, uno de los investigados (Lula) fue contemplado con un triplex”, recalcó Conserino.

Golpe al Gobierno

El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las mejoras realizadas al penthouse de Garuja y otro proyecto de construcción en una casa de campo, utilizada por Lula y su familia, constituían favores realizados a cambio de beneficios políticos.

Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo que asciende a los 2.000 millones de dólares de Petrobras.

Lula admite haber visitado el departamento en dos ocasiones, pero dijo que nunca fue de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que le dejan utilizarla.

Los investigadores federales buscan determinar también si Lula vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.

Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es “muy confuso”.

“Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren”, explicó.

Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, quien ganó las elecciones fácilmente.

Lula y Rousseff han visto cómo su popularidad caía en picada al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.

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