El Senado, en comisiones, tiene listo un dictamen para prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos, práctica que ha crecido en el país y que ya es ilegal en muchos lugares del mundo.
Esta práctica, que legalmente se permite en Tabasco, consiste en rentar el vientre de una mujer para que luego el bebé sea entregado a una pareja, la cual por lo regular es de origen extranjero.
La senadora del PRI, Mely Romero Melis, explicó que el dictamen busca evitar que México siga siendo el “paraíso” del negocio de los vientres alquilados, que deja en el mundo una derrama económica anual de 2 mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, la promotora de la iniciativa añadió que la propuesta no prohibirá por completo esta práctica, pero sí acabará con los negocios que se instalaron en México para convencer a mujeres, específicamente en condición de pobreza, a embarazarse por cantidades que van desde los 50 a los 150 mil pesos para luego entregar a sus bebés a parejas extranjeras.
Además de que es considerado un acto de explotación hacía la mujer, esta cantidad no es comparable con los 100 mil dólares que cobran estas empresas por cada bebé que entregan a parejas extranjeras.
Explicó que mal encausado, éste es un negocio multimillonario que abusa de las mujeres o que se presta para actos ilegales, como es el de tráfico de órganos, robo de niños o trata de personas.
En ese sentido, el dictamen dejará la puerta abierta para que exclusivamente parejas mexicanas que no pueden procrear tengan la posibilidad de tener una familia, por lo que esta autorización tendría dos componentes: la vigilancia del sector salud y que sea una práctica altruista, es decir, que no haya transacciones financieras de por medio.
“Buscamos que no se esté promocionando esta práctica. Hoy sucede que en el sur del país prácticamente se voltea o se promueve en algunos medios; en redes sociales se anuncian atrayendo a jovencita”, dijo.
Aunque es un práctica común en todos los estados del sureste de México, Tabasco es el estado del país donde se cierran estos tratos con las mujeres que deciden embarazarse, pues en una entidad que legalmente permite el alquilar de un vientre.
Desde hace una década, países europeos y asiáticos han comenzado a prohibir esta práctica de “maternidad subrogada” y dichas empresas –que ven esta práctica como un negocio– se instalaron en México donde ahora es conocido como el “paraíso de los vientres alquilados.
“Ha sucedido en el mundo que países como Vietnam, India o Tailandia llevaban a cabo esta práctica de manera muy reiterada. A partir de las consecuencias tan negativas que ha habido como muchas de estas mujeres, inclusive se llegó a encontrar granjas con mujeres que estaban pariendo bebé, tras bebé, tras bebé.
“(En este caso han habido) consecuencias como el hecho de que cuando un bebé nacía con algún padecimiento, con alguna enfermedad, los padres que en principio encargaron a este bebé, ya no lo deseaban. Es decir, las consecuencias son tan lamentables que en estos países han habido regulaciones muy excesiva o definitivamente a prohibir esta práctica. ¿Y qué pasó? Que entonces México comenzó a verse como el paraíso de la maternidad subrogada”, expuso.
Cuando el mercado internacional se cerró o se restringió, las empresas que estaban en India o Tailandia se vinieron a México y aquí están cobrando a las parejas interesadas, entre 70 mil, 100 mil, 120 mil dólares, sin embargo ofrecen a las mujeres que acepten gestar un bebé nueve meses, 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos.
Cárcel a promotores
La legisladora priísta también adelantó que la propuesta contempla castigos a quienes promuevan esta práctica o quienes se aprovechen de las mujeres y de su condición de vulnerabilidad para cobrar una contraprestación económica.
Explicó que están buscando que se impongan de 6 a 17 años de prisión y una multa equivalente de ocho mil a 17 mil días de UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente.
Además, si intervienen profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas de salud, “buscamos que se les apliquen además de cinco a ocho años de suspensión en el ejercicio profesional técnico y hasta seis años o más en casos de reincidencia.
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