PAN y PRD van por un "fiscal de hierro" en anticorrupción

Ambos partidos buscarán que, durante el debate de las leyes secundarias anticorrupción, se pueda elegir al nuevo fiscal

Por La Silla Rota

Las dirigencias nacionales y los grupos parlamentarios del PAN y PRD en el Congreso acordaron incluir en el debate de las leyes secundarias anticorrupción la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción.

Los perredistas y panistas adelantaron que dentro de este paquete de reformas se pretende reformar la Ley Orgánica de la PGR, con el objetivo de que el Senado de la República elija, sin intervención del Ejecutivo, al nuevo Fiscal Anticorrupción.

En conferencia de prensa, donde anunciaron la creación de un “frente común” para evitar que PRI y sus aliados “achiquen” las leyes secundarias en materia anticorrupción, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que en esta discusión buscarán un “fiscal de hierro” que persiga corruptos.

Explicó que al no existir una ley específica de la fiscalía especializada, reformaran la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para asentar las bases de actuación del nuevo fiscal anticorrupción.

“Lo que estamos proponiendo es una reforma a la ley orgánica de la PGR para que una vez que esté nombrado este fiscal especial tengamos la certeza de que no sólo tiene la facultad para integrar la averiguación, sino que cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios, para poderla integrar a cabalidad y entonces sí, ejercer la acción penal en que un juez en materia penal dicte la sentencia, condenando a quién haya cometido el acto de corrupción”.

“Por eso hemos acordado ir en estas dos etapas: modificar ley orgánica de PGR para qué, para darle facultades y recursos humanos y materiales a la fiscalía y segundo, que entonces sí el Senado pueda proceder al nombramiento de ese fiscal especial”, explicó el panista.

El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, explicó que es vital que en esta discusión, además de aprobar buenas leyes, haya fiscales autónomos y que no tengan vínculos, antecedentes, algún tipo de compromiso con partidos políticos o con el gobierno.

“(De lo que) estamos hablando que sean personas que no tengan vinculaciones estructurales, ni membrecías, ni partidarios, es decir, ni afiliaciones partidarias, ni militancias con ningún partidos políticos”, reiteró.

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