La privatización del litoral en zonas de Puerto Vallarta, Tomatlán, La Huerta, Cabo Corrientes y Cihuatlán comenzó décadas atrás, pero avanza con la expansión de desarrollos turísticos e inmobiliarios que dejan a su paso la restricción de las playas públicas.
Al corte de febrero de 2016, los ayuntamientos costeros de Jalisco registran 868 títulos de concesión otorgados para el uso y aprovechamiento de la Zona federal marítimo terrestre (Zofemat), terrenos ganados al mar o a cualquier depósito formado con agua marítima.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la instancia que otorga esas concesiones, que corresponden a la franja de 20 metros de ancho de tierra firme contigua a la playa. Sin embargo, la dependencia sólo documenta 658 títulos vigentes (en 2006 apenas había 328); es decir, 210 incumplen la norma o no fueron renovados. El problema es que, además de las concesiones, los ayuntamientos informan sobre otros 496 usuarios irregulares.
Vallarta tiene el problema más grande con 133 concesiones vencidas por parte de la Semarnat y 99 zonas invadidas irregularmente, según el ayuntamiento. Entre los particulares que cometen anomalías figuran ejidatarios, restaurantes, hoteles, inmobiliarias, políticos, clubes y sindicatos.
Resalta el caso del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Jorge Humberto Chavira Martínez, quien obtuvo una concesión en 1995 por 15 años para el uso de protección y ornato en el estero de Punta Pérula, aunque el Ayuntamiento de La Huerta la clasifica como “irregular”. Además, según la Semarnat, adeuda 147 mil 845 pesos.
Pero el notario desmiente el adeudo y señala que siempre estuvo al corriente de sus pagos, “tampoco he sido requerido por parte del Ayuntamiento”. Acentúa que decidió no renovar la concesión, pese a que tiene su propiedad en la playa (afirma que no la usa: “Tengo dos cuartos”), luego que le invadieran su terreno: “Unas personas se metieron a fuerzas para poner un restaurante en la zona de playa”.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha pedido a las alcaldías que se abstengan de otorgar permisos, pero son omisas y ni siquiera conocen la dimensión de las invasiones.
Juan Carlos Ramírez, encargado de la zona federal en La Huerta, admite que los usuarios irregulares están obligados a tramitar su concesión; sin embargo, no lo hacen: “No podemos obligarlos”
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