- Otra recién nacida murió en el Hospital General de San Juan del Río, Querétaro, presuntamente a causa de negligencias médicas. Este caso se convierte en la tercera defunción –con estas características- de bebé en esta demarcación.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), se inició la investigación con base en el expediente de DDH/ 0019 / 2016, explicó el titular del organismo, Miguel Nava Alvarado.
“La defensoría acrédito violaciones a los derechos humanos a la salud, integridad física en relación con los derechos reproductivos, igualdad, trato digno y certeza jurídica de una mujer de 21 años de edad; así como a la vida e interés superior de la niñez por los hechos en agravio de su hija, quien perdió la vida el mismo día de su nacimiento; atribuibles a personal médico adscrito al hospital general de San Juan del Río” expuso el ombudsman.
La recomendación emitida por la DDHQ expone que se detectó falta de colaboración y obstrucción en la investigación de la defensoría, dado que un servidor público negó que personal a su cargo proporcionó atención médica a la víctima antes de 16 de enero.
También se expone que hubo una integración irregular de los expedientes clínicos puesto que se observó notas médicas incompletas en las que se omitía nombre, cargo, rango, matrícula, entre otros aspectos.
La Defensoría de Derechos Humanos documentó que hubo una actuación irregular de los servidores públicos, al detectar irregularidades administrativas.
Miguel Nava añadió que la madre acudió en más de siete ocasiones al hospital general, presentando dolores vaginales y siendo valorada en fase activa de parto, sin embargo no se le ingresó para proporcionar atención especializada.
Cinco recomendaciones
Ante este hecho, la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro emitió cinco recomendaciones al gobernador, Francisco Domínguez Servién.
La primera, iniciar un procedimiento de reparación del daño material e inmaterial a la madre; segunda, continuar un proceso administrativo en contra de los señalados.
Tercera, dotar con suficiencia de equipos para la realización e impresión de ultrasonido, ecocardiograma, contratar personal especializado en cardiología pediátrica.
Cuarta, iniciar un programa permanente de capacitación en materia de Derechos Humanos y el cumplimiento de normas oficiales; quinta, instruir al procurador general de Justicia para que dé seguimiento a la investigación por el delito de responsabilidad profesional.
El Gobierno estatal tendrá un plazo de 15 días naturales para dar una respuesta de aceptación a las recomendaciones que ha emitido la Defensoría de los Derechos Humanos.
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