Se debe seguir invirtiendo en menores de edad: Gobernación

El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica afirmó que el presupuesto destinado a los menores de edad es una inversión, no un gasto

Por Notimex

El presupuesto y los bienes públicos destinados a los menores de edad son una inversión, no un gasto, sostuvo el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica.

Durante la presentación del estudio “Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2012-2014” el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó el esfuerzo que se realiza mediante el Registro Nacional de Peso y Talla.

Se trata de una estrategia que aplican el Instituto Nacional de Nutrición y el DIF para medir y pesar a 15 millones de niños de primaria en escuelas públicas para conocer cuál es su nivel real de desnutrición, malnutrición, sobrepeso y obesidad.

Bucio Mújica detalló que se tiene un avance mayor a los dos millones de niños y niñas que fueron medidos y pesados en el que se revela que al menos un tercio de esa población tiene algún desorden alimenticio.

El funcionario federal comentó que en esos esfuerzos en favor de la niñez se involucran los diferentes niveles de gobierno.

Coincidió con el informe en la relevancia de poner la situación que vive la población menor de cinco años ante la incidencia de pobreza como uno de los puntos focales, para llevar a cabo un cambio sustantivo, pues ésta afecta su desarrollo humano.

Por su parte la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Vanessa Rubio Márquez, planteó que si bien existen avances y se trabaja en la dirección correcta no prevalece un ánimo triunfalista.

La funcionaria subrayó que en el país “no debe haber un solo niño, no debe haber una sola niña en pobreza, punto, menos en pobreza extrema”

Rubio Márquez recordó que la Sedesol y los gobiernos estatales han firmado 32 convenios para abatir las carencias y tener un sistema de revisión periódica sobre el estado del ejercicio de cada uno de esos derechos sociales.

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