El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció que autorizó una moratoria del pago de 422 millones de dólares que vencía el domingo, e insistió en la necesidad de que el Congreso federal apruebe mecanismos que permitan a la isla reestructurar su deuda de 70 mil millones.
«Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia en vista de que el Congreso no ha actuado» para aprobar una ley que permita a la isla reestructurar su millonaria deuda, explicó el funcionario en un mensaje televisado.
De forma paralela a autorizar la moratoria, García Padilla anunció que puso en vigor una ley que asegura las partidas a los servicios básicos de salud, educación pública y seguridad.
«Sencillamente no tenemos dinero para pagar todos esos servicios y a nuestros acreedores», insistió el gobernante en el mensaje destinado a detallar el estado de la crisis fiscal que enfrenta el país desde hace una década.
El gobierno tenía que pagar el domingo una partida 422 millones de dólares que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) adeuda desde 2011 a sus acreedores. El dinero fue utilizado por la administración del exgobernador Luis Fortuño para que el BGF pudiese ofrecer créditos a agencias y corporaciones públicas.
La deuda de 70 mil millones de dólares y la imposibilidad de reestructurarla representan «la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado Puerto Rico en su historia», destacó el funcionario.
García Padilla adelantó que mantendrá las negociaciones con los diferentes acreedores, pero insistió que, sin un mecanismo legal que permita al gobierno de la isla reestructurar su deuda, la crisis se profundizará.
