La Comisión Europea (CE) pretende sancionar económicamente a los países europeos que rechacen acoger a refugiados en momentos de crisis migratoria, como la actual.
La propuesta, que debe aún ser aprobada por los gobierno de los Veintiocho, es un intento de sacar de la parálisis el acuerdo para repartir 160 mil refugiados ubicados en Grecia y en Italia en los próximos dos años.
El pacto fue adoptado a finales de 2015 por mayoría calificada y ante fuerte oposición de los países del centro y este de la Unión Europea (UE), que hasta ahora no han participado del mecanismo.
Por la nueva regla, cualquier país podría desvincularse del reparto mediante el pago de 250 mil euros por refugiado rechazado.
Bruselas alega que no se trata de una multa, sino de una compensación financiera para cubrir los costes que otros países asumirán por la acogida de cada refugiado rechazado.
El mecanismo de reparto de refugiados pasaría a ser permanente y se activaría de manera automática cada vez que un país vea sobrepasada en 50 por ciento su capacidad de acogida, que corresponde a una media fija entre su Producto Interno Bruto (PIB) y población.
La cantidad de refugiados que deberán asumir los demás países también se calculará con base en el PIB y la población de cada uno, teniendo en cuenta, además, el número de candidatos al asilo ya reasentados.
El plan hace parte de una amplia revisión de las reglas europeas de asilo, que incluye también medidas para contener los movimientos secundarios de demandantes de asilo en el interior de la UE.
Quienes dejen sin autorización el territorio del país al que pidieron asilo podrían enfrentar consecuencias como perder los “derechos de recepción”.
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