Carolina del Norte demandó a EU por ley de uso de baños

La Ley de Uso de Baños Impide a las personas transgénero utilizar baños o vestuarios que correspondan al genero con que se identifican, lo que ha provocado el rechazo de la comunidad LGTB

Por Notimex

El Estado de Carolina del Norte demandó hoy al gobierno federal después que el Departamento de Justicia amenazó con llevarlo a las cortes federales para bloquear una controversial ley sobre el uso de baños.

El gobernador del estado, Pat McCroy, acusó al gobierno de incurrir en una “interpretación radical” de la Ley de Derechos Civiles de 1964, invocada por la administración Obama en su amago para que el estado abandone la ley HB2, o Ley de Privacidad y Seguridad de las Instalaciones Públicas.

“La administración Obama está burlando al Congreso el intentar rescribir la ley y establecer políticas de baños para empleados públicos y privados través del país, no sólo Carolina del Norte. Este es un tema nacional que aplica a cada estado y necesita resolverse a nivel nacional”, indicó el mandatario republicano en una declaración.

La nueva ley, promulgada por McCroy el mismo día que la legislatura estatal la aprobó, impide a las personas transgénero utilizar baños o vestuarios que correspondan al genero con que se identifican.

Aunque el gobierno estatal insiste que la ley no discrimina contra las personas transgénero, la reacción fuera del estado ha sido de rechazo con grupos de la comunidad LGTB llamando por un boicot contra el estado.

El llamado ha sido atendido por figuras del espectáculo como los contantes Bruce Springsteen y Ringo Starr, así como la banda de rock Pearl Jam, quienes han cancelado presentaciones en el estado.

El mes pasado el Departamento de Justicia envío una carta al Secretario de Seguridad Pública de Carolina del Norte, Frank Perry dando como plazo este lunes para que el estado se desista de implementar la ley o confrontar el escenario de ser llevada ante cortes federales para obligarla

En su demanda, Carolina del Norte pidió a la corte pronunciarse sobre la legalidad del gobierno federal para poder demandar al estado a partir del argumento sobre su presunta violación de la Ley de Derechos Civiles.

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