La organización CEM Anáhuac entregó a la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México una propuesta de texto constitucional que establece diversos derechos y obligaciones.
Entre otras cosas proponen la revocación del mandato para el Jefe de Gobierno, alcaldes, concejales y diputados, así como la eliminación del fuero a todos los servidores públicos, incluidos jueces y magistrados.
En la organización, que pertenece a la Red de Contralorías Ciudadanas A.C., participaron más de 300 personas, entre amas de casa, comerciantes, estudiantes, profesionistas y empleados de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
El documento conformado por 110 artículos en los que se abordan temas como derechos humanos, democracia participativa, vocación económica de la capital del país, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, democracia directa y fiscalidad.
Al recibir el proyecto, el consejero electoral Carlos González Martínez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral local, se comprometió a remitirla al grupo redactor del primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México, así como a la Asamblea Constituyente.
Gabriela Arteaga, integrante de la organización CEM Anáhuac, comentó que el proyecto entregado se elaboró a partir de la conformación de seis comisiones temáticas de trabajo y propone equiparar a los pueblos originarios con los pueblos indígenas; garantizar la maternidad y paternidad libre.
Reconoce el matrimonio igualitario, el derecho a recibir apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad; el fomento la economía solidaria; promueve la creación de mecanismos de concertación para incrementar el salario en la ciudad y establece la educación superior obligatoria.
Además, plantea reconocer el derecho a la desobediencia; establecimiento del plebiscito, referéndum y gobiernos vecinales como mecanismos de democracia directa.
De igual forma, considera el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación del presupuesto público; la obligación de someter los cambios de uso de suelo a referéndum de los habitantes de las alcaldías; se elevan a rango constitucional las contralorías ciudadanas; y se reduce la edad para ser votado a 18 años.
