Sin ser altos y azules la comunidad Júba Wajiín de San Miguel del Progreso, Guerrero, superó la épica batalla de los na´vi por defender sus tierras; logrando la histórica cancelación de una concesión minera, en conjunto con el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso para declarar la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
Dicha ley se ha utilizado para justificar el despojo de tierras a comunidades indígenas, resultando en el desplazamiento forzado de comunidades enteras y el daño a sus derechos y costumbres. Culturalmente el derecho de propiedad de tierra, no sólo implica el sustento de los pueblos ancestrales, sino también una especial relación al reconocer la tierra como su madre, comprometiéndose a preservarla, respetarla y luchar por ella, garantizando que las generaciones futuras a pesar de la pobreza puedan subsistir.
A su vez parece que los impactos ambientales tampoco han sido considerados al otorgar las concesiones; ya que la minería a cielo abierto, requiere de grandes cantidades de agua, propicia la contaminación del aire y mantos acuíferos por el uso de cianuro de sodio y otros químicos, afectando las economías locales al perderse tierras de cultivo por la desertificación del suelo y la escasa regeneración de la flora y fauna de la región.
Aunque las concesiones han sido canceladas el territorio de la comunidad indígena Júba Wajiín sigue en peligro, al ser declarado libre para que particulares puedan solicitar nuevas concesiones. Sin embargo la lucha de esta comunidad ha dado a la SCJN la oportunidad de transformar las leyes y proteger los derechos de los pueblos indígenas, frente a proyectos de instituciones extractivas que explotan las riquezas naturales e impiden diversificar los beneficios equitativamente, provocando estancamiento en el desarrollo y pobreza.
Daniela Muñoz colabora en Ibero 90.9.
