La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental, adelantado el presidente de la Comisión, James Cavallaro, si el organismo no recibe fondos con urgencia, a partir de agosto tendrá que despedir al 40% de su personal, o a 30 de las 78 personas que emplea.
Las consecuencias van mucho más allá, sus avances logrados en 30 años están en peligro de retroceder lamenta su secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza.
La comisión ha sido la primera y muchas veces la única dentro de la OEA que llama la atención sobre los derechos humanos cuando hay deterioros institucionales que afecta a los derechos humanos cuando una persona está siendo amenazada. Y esto ha salvado vidas en Latinoamérica.
Casos como el de Ayotzinapan que descubrió numeroso fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala queden sin investigación por parte de CIDH.
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