A un año de Tanhuato, sin claridad sobre las 42 muertes

Las autoridades sostuvieron que fue un enfrentamiento contra narcotraficantes, pero organizaciones de derechos humanos creen se trató de ejecuciones extrajudiciales

Por VICE

l 22 de mayo del año 2015 fuerzas federales de México entraron al rancho El Sol ubicado entre los estados de Michoacán y Jalisco. Ahí mataron a 42 personas, un policía también falleció. Las autoridades sostuvieron que fue un enfrentamiento contra narcotraficantes, pero organizaciones de derechos humanos creen se trató de ejecuciones extrajudiciales. Ha pasado más de un año y aún no hay una respuesta contundente que explique qué fue lo que pasó.

Aquél viernes por la noche los medios de comunicación mostraron imágenes que sacudieron a la sociedad mexicana, una vez más. Los cuerpos de hombres asesinados aparecían en televisión, la sangre aún fresca traspasaba su ropa. Yacían casi todos con armas de alto poder a sus costados, y al lado de policías que recorrían una y otra vez la escena.

De acuerdo con la versión oficial, la Policía Federal había acudido al rancho a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de investigar, entre otras cosas, delitos relacionados con narcotráfico.

La PGR le había dicho a la Policía Federal que en el rancho El Sol se habían refugiado decenas de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal con mayor crecimiento en los últimos años en el país y predominante en la zona. Por lo que los policías acudieron al lugar y se suscitó el enfrentamiento que duró más de tres horas y dejó más de cuatro decenas de personas fallecidas.

Cinco meses después, el 28 de octubre de 2015, la organización Human Rights Watch, señaló respecto al caso que “si bien el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente […] los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales”.

Asimismo, la organización internacional advirtió que ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con el enfrentamiento. De acuerdo con sus investigaciones, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o que ya se encontraban bajo custodia policial.

Algunos analistas explicaron que pudo haberse tratado de una venganza por parte de las autoridades, ya que días antes de lo ocurrido, el 1 de mayo, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación habían sitiado casi en su totalidad la segunda ciudad más importante del país: Guadalajara. Ese día, supuestamente había sido detenido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder de la organización.

Ante eso, en una acción coordinada, sus hombres realizaron más de 30 narcobloqueos en las avenidas principales de la ciudad, quemaron vehículos, sedes bancarias, y gasolineras; y se enfrentaron no sólo con la policía local y estatal, sino también con el ejército mexicano, como se documentó en la prensa nacional.

Incluso, a varios kilómetros de la ciudad, el cártel derribó un helicóptero del ejército, por lo que al menos tres soldados murieron. Fue la primera vez en la historia que un grupo armado logra una acción de tal magnitud, por lo cual las instituciones de seguridad incrementaron las acciones para detener a miembros de esa organización criminal.

A la semana siguiente de los hechos en Tanhuato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), abrió un expediente para investigar lo ocurrido. En un comunicado publicado en esos días la institución dijo que “repudia el clima de violencia e inseguridad que en los últimos años meses se han vivido en algunos estados de la República, dentro del cual se han generado diversos hechos que demandan ser plenamente aclarados”.

Sin embargo, 12 meses después de los hechos ni la CNDH ha publicado un informe respecto a lo acontecido, ni alguna autoridad mexicana ha respondido plenamente a los cuestionamientos que se les ha hecho.

No es el único caso que no ha sido aclarado en los meses recientes. A lo sucedido en Tanhuato se le suma el caso Ayotzinapa, en el cual aún falta saber el paradero de 43 jóvenes estudiantes que continúan desaparecidos; y lo ocurrido en Apatzingán, Michoacán, en donde al menos 16 civiles fueron presuntamente asesinados también por la Policía Federal. En este caso la versión oficial aseguró que se trató de un enfrentamiento entre autodefensas.

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