Monterrey

Nuevo León embarga propiedades de Rodrigo Medina

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció este viernes una serie de acciones penales en contra del ex gobernador de la entidad Rodrigo Medina de la Cruz y nueve de sus ex funcionarios, las cuales consisten en el embargo precautorio de propiedades que fueron adquiridas de manera sospechosa.

En conferencia de prensa, Ernesto Canales Santos, fiscal anticorrupción de la entidad, informó sobre la apertura de una averiguación en contra de funcionarios públicos, cinco ex servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados en funciones y 10 empresarios.

Indicó que los delitos en los que presuntamente incurrieron fueron peculado, patrimoniales, ejercicio indebido y abusivo de funciones, por un monto de tres mil 600 millones de pesos.

Asimismo, dijo que este viernes comenzaron a ser embargados de forma precautoria los bienes a los ex funcionarios, sin precisar de qué propiedades se trata, y añadió que las denuncias penales buscan que la autoridad judicial vincule a proceso a los acusados.

«No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios; de lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara», manifestó.

Descartó asimismo que la operación tenga trasfondo político, y de allí que los sospechosos pertenecen a diversos partidos políticos.

El funcionario señaló que el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien sucedió a Medina y que se postuló como candidato independiente, fue informado este mediodía del desarrollo de la «Operación Tornado», que responde «de manera contundente, y por la vía legal, a la exigencia de los ciudadanos de Nuevo León para actuar en contra de la corrupción».

Canales enfatizó que el embargo precautorio está relacionado con la corrupción que existió para beneficiar la instalación de la armadora surcoreana de autos Kia en Nuevo León.

En las investigaciones participan agentes ministeriales, peritos especializados y funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno estatal.

Durante las pesquisas se han detectado contratos ilegales que fueron realizados por los hoy ex funcionarios en perjuicio del patrimonio del estado por un monto superior a nueve millones de pesos. (Con información de EFE)

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