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El Poder Judicial de la Federación no ha escatimado esfuerzos para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de que entre en vigor en tiempo y forma en el país, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán.
“Horas de planeación, diseño y ejecución articulada que culminaron con arduos trabajos necesarios para dotar, antes que nada, de la infraestructura mínima para su funcionamiento, señaló.
Esas tareas, señaló, “iniciaron con la localización y selección de los predios más adecuados y convenientes para edificar, desde sus propios cimientos, los Centros de Justicia Penal Federal destinados, en cada entidad federativa, exclusivamente para atender este nuevo modelo jurisdiccional”, indicó.
En un comunicado, la SCJN informó que en reunión y con Motivo de la Ceremonia de Cierre de actividades del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal en el país, en el que participó Pérez Dayán, el magistrado aseguró que culmina la etapa el 14 de junio.
En el balance total se reportarán 18 centros definitivos y 20 centros iniciales de naturaleza provisional que motivarán a la vez los trabajos complementarios hasta lograr que estos últimos sean sustituidos por igual número de inmuebles definitivos.
El ministro del alto tribunal afirmó que la plantilla de personal fue seleccionada de acuerdo con los nuevos estándares profesionales y exigentes perfiles que esta moderna herramienta de justicia impone.
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De tal modo que unos 900 servidores públicos tienen entre sus altas prioridades y responsabilidades hacer efectivo el sistema acusatorio, de los cuales, hasta hoy 118 son jueces de distrito ya adscritos y certificados para el enjuiciamiento oral.
Expuso que el crecimiento gradual llevará a que otros 102 jueces federales, también ya designados y surgidos todos de 14 rigurosos procesos de selección, se vayan adscribiendo e incorporando a sus labores cotidianas, conforme lo demande el volumen de asuntos en la materia.
Todo lo hecho hasta ahora ha permitido que bajo el nuevo sistema se hayan judicializado más de cuatro mil 200 asuntos, materializando así los principales objetivos de la reforma; entre otros, la reducción de la prisión preventiva, situada ahora en aproximadamente 20 por ciento de los casos o que nueve de cada 10 causas resueltas lo hayan mediante el procedimiento abreviado.
Todas esas acciones son producto del cumplimiento de tareas específicas que corresponden, indudablemente, al ámbito de la judicatura federal, acometidas sin variación, bajo una mística de equipo.
El ministro Pérez Dayán mencionó que no hay duda que una vez de culmine la etapa de implementación, es indispensable que todos los operadores jurídicos involucrados contribuyan, desde la competencia de su orden normativo, a consolidar el trabajo desempeñado a lo largo de estos años
Este debe hacerse, como hasta ahora, no con una visión aislada, sino en el entendimiento común de que es el Estado mexicano quien se responsabiliza, ante sí y frente a las instancias del ámbito internacional que convencionalmente vigilan su eficacia, a entregar los mejores resultados en esta materia.
“Hoy comienza pues, a cerrarse un ciclo, quizá el que más esfuerzo material conlleva, pero se abre uno más, esencialmente intangible, donde el talento, la responsabilidad, el espíritu de servicio y los valores de la formación pública, serán incondicionalmente requeridos”, apuntó.
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