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La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que incluye entre los delitos de esta naturaleza actividades como el narcomenudeo y el contrabando, y la envió al Ejecutivo para su promulgación.
El pleno dio la aprobación final a la reforma, contenida en el dictamen de una minuta enviada por el Senado, con 365 votos en favor, seis en contra y una abstención, luego de rechazar las reservas presentadas a diversos artículos.
El dictamen plantea incluir como delitos de delincuencia organizada aquellos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, el contrabando y equiparables, el uso de moneda falsificada a sabiendas, y todos los contenidos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Establece que se sancionará con las penas contenidas en el propio ordenamiento a quien participe intencional y activamente en las actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza de una organización criminal, cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva.
A los agentes de la fuerzas del orden público que participen en investigaciones encubiertas, con base en las circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos de la documentación correspondiente.
Ninguna persona podrá ser obligada a actuar en operaciones encubiertas.
Por otro lado, a quien divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos contra la delincuencia organizada a quien no tenga derecho a conocerla, se le impondrá prisión de cuatro a ocho años.
Tratándose de servidores públicos, la punibilidad será de seis a 12 años, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
Las modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen por objeto armonizar su contenido con la reforma constitucional de junio de 2008 en materia penal y que entrará en vigor de manera integral el próximo 18 de junio.
La reforma constitucional tiene por objeto concretar la transición de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.
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