Consuman debilitamiento de la #Ley3de3; va al Ejecutivo

Los legisladores priístas y del Verde desoyeron a la sociedad civil que pedía la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses

Por La Silla Rota

El Congreso mexicano consumó el debilitamiento de la iniciativa ciudadana #Ley3de3 y mandó al Ejecutivo Federal, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el paquete de siete leyes en materia de anticorrupción.

Los legisladores priístas y del Verde, tanto en la Cámara de Diputados y como en el Senado, desoyeron a la sociedad civil que pedía la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos de todos los niveles, pero especialmente de la alta jerarquía política mexicana.

En este debilitamiento también participaron algunos legisladores panistas, perredistas y del PT-Morena que con su ausencia o decisión de no emitir su voto se perdió la posibilidad de que se estableciera en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la apertura de esta información que hubiera abierto a la ciudadanía la riqueza de los políticos y de servidores públicos.

La iniciativa ciudadana #Ley3e3 fue una propuesta avalada por casi 700 mil mexicanos que exigieron al Congreso construir un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo y con “dientes” para prevenir y castigar actos de corrupción.

Además, de última hora –y de manera sigilosa– el Senado aprobó una reserva que para que los empresarios que tengan contratos con el gobierno estén obligados a presentar su 3de3, lo que se interpretó como un “ajuste de cuentas” por las presiones y las críticas que la Iniciativa Privada hizo contra los senadores en los últimos días.

Nueva Fiscalía

Entre las novedades de las otras leyes que son parte de este paquete de leyes, destaca la creación de una Fiscalía Anticorrupción, así como la aprobación de sanciones para delitos de corrupción, como es el caso del “moche” y del enriquecimiento ilícito.

En el primer caso, la Fiscalía será un órgano con autonomía técnica-operativa, para investigar y perseguir delitos de corrupción, y entre sus funciones podrá requerir a las instancias de Gobierno la información o datos que le resulten útiles o necesarios para sus pesquisas.

También podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, y cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando estos hayan desaparecido o no se localicen. Incluso, podrá promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados.

El Congreso también aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que otorgó mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fortaleció el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Ahora, con esta ley, la ASF podrá revisar y fiscalizar la deuda que los estados y municipios, lo cual podrá hacer de manera directa o en coordinación con los órganos fiscalizadores locales.

Los senadores y diputados también crearon la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la cual es parte del paquete de siete leyes para combatir la corrupción.

El SNA es una ley de orden general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento de este nuevo SNA que investigará y sancionará faltas administrativas y los hechos de corrupción.

El SNA estará integrado por los integrantes del Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales.

De acuerdo con estas nuevas leyes, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicos salvo los rubros cuya publicidad puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Esta redacción fue la que provocó el desencuentro entre los mismos legisladores y la sociedad civil, quienes aseguraron que nada garantiza que el final exista la máxima publicidad y por ende seguirá prevaleciendo la opacidad en el desempeño de los servidores públicos.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el esfuerzo del Congreso por avalar estas leyes:

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