Entre septiembre y noviembre del año pasado, los diputados federales le dieron forma a una propuesta que les dejaría una bolsa millonaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF) , recursos públicos que serían usados para fines privados .
En esos meses, los legisladores crearon varios fondos millonarios que ubicaron en el Ramo 23 y que alcanzan la suma de 38 mil millones de pesos, recursos que las organizaciones de la sociedad civil presumen que son utilizados para “moches”.
Esta acción “anticonstitucional” por parte del legislativo motivó que organizaciones de la sociedad civil, como el IMCO, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, interpusieran un amparo para que se regulen los mecanismos de designación de estos recursos públicos.
En entrevista con La Silla Rota, el investigador y académico, José Roldán Xopa, explicó que las razones de este amparo interpuesto se dan a raíz de que han observado que los diputados crean mecanismos para reservarse fuertes cantidades de dinero del erario público con fines discrecionales.
Este mecanismo de distribución de recursos se destina a bolsas que no tienen reglas claras, para que después se asignen a “gastos” que cada legislador propone y en la ejecución de ese egreso están los llamados “moches”, que se van convirtiendo en una “fuente de corrupción”.
“El amparo interpuesto está destinado atacar estas fallas. Creemos que con este mecanismo los diputados son juez y parte, lo que altera el sistema constitucional del país”, expuso.
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