La Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León inhabilitó por 10 años a cuatro ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares.
A través de un comunicado, indicó que los funcionarios inhabilitados son Juana Aurora Cavazos, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social; Patricia Aguirre González, ex directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado; Juan Manuel Fernández García, ex director General del Instituto de Vivienda del Estado, y Sergio Alejandro Alanís Marroquín, ex dirección General del Instituto de Vivienda del Estado en la parte final de la administración.
Además, los involucrados en el caso deberán pagar de manera solidaria una sanción resarcitoria al Estado por un monto de 210 millones de pesos.
La Contralora General, Nora Elia Cantú, recordó que la dependencia a su cargo ha dictado 11 resoluciones de inhabilitación en lo que va de la actual administración.
Dijo que están en constante comunicación con los órganos de control interno de las dependencias del Estado.
“Trabajamos con ellos para la detección de irregularidades que dan pie a la aplicación de sanciones y, en su caso, inhabilitaciones a funcionarios de todos los niveles de Gobierno”, dijo.
Por otra parte, expresó, la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría, continúa remitiendo denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos actos delictivos en los que se han visto involucrados servidores públicos de diversas dependencias.
En estas últimas dos semanas, señaló Cantú, se han presentado 18 denuncias más a la Subprocuraduría que encabeza Ernesto Canales.
