Luego de aceptar que se equivocaron, los senadores –especialmente los del PRI, PVEM y Nueva Alianza– abrirán por unas horas un periodo extraordinario de sesiones para aprobar una nueva redacción al artículo 32 de la #Ley3de3 en materia empresarial.
Hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto les enmendó la plana a los senadores, quienes incluyeron, de última hora y en la madrugada, en la discusión del paquete de leyes en materia de anticorrupción un articulado para incluir la obligatoriedad de empresarios y particulares a publicitar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses cuando obtengan contratos o beneficios económicos del gobierno federal.
Esta redacción fue calificada por el sector económico del país como una “ocurrencia”, lo que derivó –primero—en una manifestación pública por parte de los empresarios en la escalinata de la Columna del Ángel de la Independencia y como segunda acción, la Iniciativa Privada tuvo un encuentro en Los Pinos con el propio Peña Nieto.
Luego de estas acciones, Los Pinos, a través del consejero jurídico, Humberto Castillejos, anunció el veto presidencial sólo este artículo de la ley, dejando intacto el 29 que tiene que ver con la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidor, una de la principales demandas de las iniciativa ciudadana #Ley3de3.
En ese momento, Castillejos dijo que se enviaría de regreso al Congreso una nueva redacción de dicho articulado y añadió que el presidente Peña Nieto fue sensible a las voces que opinaron de forma distinta.
“El gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y que haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”, dijo el Consejero Jurídico de la Presidencia.
Los senadores sólo tienen el acuerdo para procesar esta propuesta, por lo que seguirá quedando achicada esta ley que fue una propuesta original de la ciudadanía y que tenía –entre sus propósitos— maximizar la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.
Ahora coinciden
Este lunes se sociabilizó el dictamen y ahora lo senadores que aprobaron la ley, “coinciden” con el Ejecutivo en la nueva redacción, por lo que se espera que sea aprobada en su términos.
Explicaron que fue un error haber incluido “la obligación de que particulares presenten sus declaraciones patrimoniales y de interés, (pues) puede constituir una intromisión en su esfera jurídica, particularmente en su privacidad y podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud, y la libertad personal”.
Ahora, la comisiones unidas de Anticorrupción, de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda, calificaron de “pertinente la observación”, pues no debe introducirse de manera arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar sus derechos humanos; puesto que dicha homologación debe tener por objeto la consecución de objetivos admisibles de entre los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas y la reforma constitucional no prevé este supuesto.
