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Por 500 o hasta mil 500 pesos, personas conocidas como “burreros” se rentan para trasladar droga en la Ciudad de México y el transporte favorito que usan es el Metro de la capital.
Se trasladan por todas las líneas del Sistema Colectivo de la Ciudad de México, pero la Línea B –la que va de Buenavista a Ciudad Azteca— es por la que mueven prácticamente toda esta mercancía, la cual se almacena y se distribuye en el Barrio Bravo de Tepito.
Las bandas del crimen organizado que controlan esta zona de la delegación Cuauhtémoc son las que tienen el dominio de estaciones como Garibaldi, Lagunilla, Tepito, Morelos, San Lázaro, principalmente.
Y el control de estas estaciones del Metro tiene una razón elemental: a unos pasos estos accesos están las vecindades que usan para esconderse y almacenar la mercancía.
La policía capitalina tiene plenamente identificadas las vecindades y los bodegones que usan para delinquir y de acuerdo con su propia información están en las calles de Jesús Carranza y Tenochtitlán, el epicentro del comercio tepiteño.
Mucha de esta droga es comercializada en zonas de bares y restaurantes de la capital del país, como el caso de colonias como la Condesa, la Roma, Zona Rosa o Cuauhtémoc.
Los burreros del Metro, en su mayoría, son menores de edad, estudiantes o mujeres que no necesariamente son vecinos de Tepito.
Ante este escenario, senadores y diputados, a petición de la panista Mariana Gómez del Campo, promovieron una solicitud al Gobierno de la Ciudad de México para que atienda esta situación que se vive en el transporte público de la capital del país.
El punto de acuerdo que fue presentado en la Comisión Permanente recuerda que a finales del año pasado, en el marco del Operativo Tepito-Centro Histórico, fueron incautados más de 130 kilos de mariguana, nueve armas de fuego decomisadas, 484 paquetes de cocaína, seis vehículos y 18 teléfonos celulares con reporte de robo, y se mantienen operativos de revisión en vialidades como Eje 1 Norte, Paseo de la Reforma, Circunvalación y Eje 2.
Pese a que se ha negado, por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México la presencia de carteles de la droga en la capital del país, el documento legislativo –promovido por la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo— rememora hechos ocurridos como el ataque a oficinas del ministerio público por uno de los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación.
También menciona el hallazgo de personas embolsadas en la delegación Azcapotzalco y el caso de la colonia Narvarte donde fueron encontradas cinco personas asesinadas.
Incluso, propietarios de bares y restaurantes de las colonias Roma y Condesa, denunciaron en julio de 2015 ser víctimas de extorsión por parte de personas que se ostentan como miembros del crimen organizado cobrándoles entre 3 mil a 10 mil pesos por derecho de piso, situación que fue negada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el argumento de no tener indicios de que el crimen organizado opere en la ciudad.
