La Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México (Igespem) sancionó a los primeros 30 servidores públicos por irregularidades durante las indagatorias en torno al asesinato de 22 civiles a manos de miliares en Tlatlaya.
Según información de La Jornada, fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos 10 servidores, dos por cinco años, seis por un año y dos más por tres años.
A otros 19 los suspendió por un mes y a uno más tan sólo 15 días.
