WASHINGTON. La CIDH decidirá pronto, probablemente el viernes, sobre un mecanismo de seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, que actuará en el caso sin límites temporales y que posiblemente hará cuatro visitas a México de aquí a marzo, informó el gobierno mexicano.
Una delegación del dobierno mexicano y otra de los padres de los 43 estudiantes han mantenido reuniones en Washington desde el miércoles con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el pleno de ese organismo podría decidir mañana sobre la formación del esquema de seguimiento a las medidas cautelares acerca del caso.
«Esperamos que la Comisión recoja los acuerdos (entre el Gobierno y los familiares) y que mañana se presenten estos a las dos partes para que todos estemos de acuerdo», dijo en una conferencia de prensa el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas.
El mecanismo se dedicará a dar seguimiento a las cuatro medidas cautelares dictadas por la CIDH en 2014 sobre el caso, y su actuación será indefinida en el tiempo, con lo que terminará solo si la Comisión levantara esas medidas que exigen al Estado avanzar en la investigación y asistir a las víctimas, entre otras cosas.
«Lo que estamos planteando no tiene una temporalidad definida», al contrario que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró otro miembro de la delegación mexicana, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Es probable que el mecanismo siga actuando incluso después de que el presidente Enrique Peña Nieto deje el poder en un futuro, dado que durará hasta que la CIDH considere que ya no es necesario mantener las medidas cautelares.
«La experiencia muestra que casos como este tienen periodos de atención que trascienden a las Administraciones», indicó Campa.
El mecanismo estará encabezado por el presidente de la CIDH y relator encargado de México, el estadounidense James Cavallaro, u «otro comisionado» que él nombre y reforzado por «asesores técnicos» que lo apoyarán dado lo complicado del caso, dijo Campa.
«Habrá visitas suficientes a México, hemos convenido de aquí a marzo que puede haber cuatro visitas», explicó el subsecretario.
Según lo adelantado por el Gobierno, los asesores técnicos no vivirán en México, sino que «harán visitas» al país, «pero no habrá limitación en la duración y la frecuencia» de su estancia, en palabras de Ruiz Cabañas.
En marzo de cada año se hará «una evaluación anual de cómo va» el mecanismo, durante la reunión de la CIDH en su periodo de sesiones ordinario, detalló Ruiz Cabañas.
El comisionado y sus asesores «tendrán acceso pleno a los expedientes de la investigación, y también tendrán acceso a otros expedientes en lo que se refiere a la búsqueda de los estudiantes y en lo que se refiere a la atención a víctimas», agregó.
«No habrá ninguna limitación de investigación y podrán solicitar a las autoridades toda la información que consideren necesaria», subrayó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los funcionarios mexicanos destacaron que la investigación sobre lo ocurrido en Iguala sigue en curso, que se están persiguiendo diferentes líneas de pesquisa y que siguen respondiendo a las peticiones del GIEI a pesar de que éste concluyó ya su mandato.
«Tenemos la expectativa de que esto (el nuevo mecanismo de la CIDH) le dé mayor certidumbre a todas las partes (…), se haga justicia y se sancione a los responsables», aseguró Ruiz Cabañas.
Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
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