¿Qué medidas se deben tomar para garantizar al 100% la seguridad de alcaldes?

Por Opinión semanal

Mariana Gómez del Campo, PAN

El repunte de la inseguridad es preocupante. Según cifras oficiales, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven y sus consecuencias son cada vez más graves, el último Índice de Paz México señala que el impacto económico de la violencia en 2015 fue de 2.12 billones de pesos, es decir, el 13% del PIB nacional. Entre los cambios con respecto al año anterior, encontramos que la tasa de homicidios se incrementó un 6.3%, lo cual representa un importante reto para la seguridad pública.

Los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungarabato, Guerrero, se han sumado a este contexto y reflejan de manera brutal una realidad que trastoca a la población y a las autoridades. Si bien, no es posible identificar un común denominador en ambos casos debido a que uno fue asesinado en una zona de “alto riesgo”, e inclusive ya había recibido amenazas de grupos de delincuencia organizada, mientras que el otro fue asesinado durante una manifestación frente al Palacio Municipal; sí podemos decir que ambos representan una afrenta al Estado de derecho.

La muerte del alcalde de San Juan Chamula en primer término, es un hecho que no tiene antecedentes en esa entidad; en segundo, se trata del asesinato de un político durante la realización de una manifestación sin que mediara el diálogo o concertación alguna.

Estos hechos, dejan una vez más de manifiesto un reto para los gobiernos federal y estatales: urge una sólida estrategia en materia de seguridad. Cada día es más evidente que son excepciones los municipios que cuentan con cuerpos policiacos a la altura de las circunstancias y son los menos lo que están adecuadamente equipados, capacitados y certificados. La intervención de los gobiernos federal y estatal debe darse de manera subsidiaria para contribuir a que los municipios cumplan con sus funciones y no necesariamente para suplantarlos en esa tarea. Lo menos deseable es que ante hechos tan lamentables como estos se esgriman argumentos como los que conocimos en donde se le atribuía al alcalde de Pungarabato la culpa de su asesinato por haberse trasladado “a deshoras en una zona peligrosa”.

A una semana de lo ocurrido, la falta de evidencia recopilada por parte de las autoridades locales ha complicado la impartición de justicia; la Asociación Nacional de Alcaldes solicitó al gobierno federal la implementación de protocolos especiales para la protección de alcaldes que se encuentran en las llamadas “zonas de riesgo” lo que es una señal de la debilidad institucional que enfrentan.

Estoy convencida de que la estrategia federal debe tener como base la coordinación con los otros niveles de gobierno. No se vale que los gobernadores rehúyan de su responsabilidad, no se vale que en sus gestiones se enfoquen en la construcción de obras de relumbrón pero que desatiendan una de sus principales obligaciones que es garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus comunidades. La visión debe ser integral, transformar a las policías de proximidad pero también a las policías ministeriales o de investigación y a los Ministerios Públicos. Una adecuada procuración de justicia no depende sólo del número de policías sino de la calidad y la eficiencia con que se atiende esta demanda ciudadana.
 

Marcela Guerra, PRI

Los hechos ocurridos en San Juan Chamula, Chiapas y en Pungarabato, Guerrero, en donde dos alcaldes fueron asesinados y 5 personas próximas a ellos murieron en una sola semana, han merecido una condena nacional y son un llamado a actuar con determinación.

La información pública sobre estas dos circunstancias nos ha dejado ver que los móviles de tales homicidios fueron diferentes, pero en ambos se comparte la premisa de que ocurrieron por una ausencia de Estado de derecho.

Si no queremos que actos como esos se conviertan en un patrón de conducta recurrente, es urgente tomar medidas para evitar que la autoridad, quien es la que debe garantizar la seguridad de la población, sea el primer blanco contra el que se atente. El dilema es grave porque si la seguridad de la autoridad legítima no está garantizada, la percepción de indefensión en la que se encuentra el resto de los ciudadanos puede desatar un caos social de pronóstico reservado.

La reforma constitucional que crea el Mando Mixto, aprobada en el Senado de la República en periodo extraordinario, el 17 de junio pasado, constituye el avance para inhibir situaciones de ese tipo porque se crea un sistema nacional de seguridad pública.

El fin principal de la reforma es darle prioridad a la reconstrucción de las instituciones policiales mediante la homologación de protocolos de actuación y operación de los mandos policiales en los distintos órdenes de gobierno, creando un modelo de colaboración e intervención de las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios.

Asímismo, se ha previsto la participación ciudadana tanto en el diseño de políticas públicas de seguridad como en la vigilancia del funcionamiento de las instituciones policiales y de sus integrantes.

Resulta imperativo que la Cámara de Diputados discuta y apruebe esta reforma a la brevedad, a fin de que los congresos locales hagan lo propio y podamos contar con un instrumento adecuado que brinde seguridad pública a todos los mexicanos.

Mientras se concluye el proceso legislativo coincidimos plenamente con el pronunciamiento que hizo la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el miércoles 27 de julio: el Comisionado Nacional de Seguridad deberá coordinarse con las instancias de seguridad pública de las entidades federativas para implementar los protocolos necesarios que permitan brindar protección a las y los alcaldes que estén siendo amenazados por la delincuencia organizada.

En el mismo sentido, es necesario buscar la coordinación con autoridades locales para elaborar análisis de riesgo que permitan establecer acciones para la atención, prevención y persecución de bandas criminales. Finalmente, reconozcamos que resulta imposible garantizar al 100% la seguridad de cualquier habitante del planeta en nuestros días, pero entre eso y ser omisos ante la vulnerabilidad a la que están expuestos ciertos alcaldes de nuestro país, hay una distancia, que de no reducirse, habremos de lamentar en el futuro próximo.

 

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