Tras dos años, afectados por derrame en Sonora acusan medidas ineficaces

Los afectados indicaron que las autoridades se olvidaron de ellos

Por EFE

Al cumplirse dos años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos de Sonora, los pobladores de la región denuncian que las medidas que se tomaron son ineficaces, aunque celebran un reciente fallo judicial que les podría ayudar en la reparación del daño.

Un juez de Arizona (Estados Unidos) estableció que el corporativo detrás del vertido debe proporcionar la información empresarial que tengan al respecto a los Comités de Cuenca Río Sonora, que agrupan a los siete municipios afectados por el desastre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora.

La acción legal pudo interponerse el pasado abril porque la estadounidense Southern Cooper Corporation es la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre, la responsable del vertido, que además forma parte del Grupo México.

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Con esto, los afectados podrán tener “una mayor información vinculada a las acciones legales” ya existentes y ayudaría para trazar una demanda de responsabilidad ambiental que se está barajando interponer, afirma a Efe Luis Miguel Cano, abogado de la organización no gubernamental Poder, que lleva el caso.

El conjunto de acciones legales puestas en marcha por los pobladores de la región dejan clara su estimación de que el fideicomiso creado por el Grupo México para la reparación de los daños ambientales y materiales ocasionados es insuficiente.

El monto de dos mil millones de pesos (105.7 millones de dólares) de este fideicomiso no garantiza que “se vigile realmente a la empresa” y que un desastre de esta naturaleza no vuelva a suceder, indicó el abogado.

Además, las autoridades a cargo del fondo no dejaron a los pobladores participar en la decisión de cómo sería repartido, por lo que la acción, alegan, ha sido resuelta de forma ineficaz.

El fideicomiso tampoco ataca de manera integral los problemas que el derrame provocó en el sector económico de los municipios, volcados en la actividad agropecuaria.

“(Las autoridades) estuvieron aquí tres o cuatro meses, después se olvidaron de nosotros”, sostuvo Francisco Ramón Miranda, uno de los afectados del municipio de Aconchi.

Él posee una tienda familiar cuyos ingresos han bajado considerablemente porque sus clientes, la gran mayoría agricultores y ganaderos, han visto dañada su economía.

Miranda también critica el fideicomiso, porque “se tomaron las decisiones detrás de un escritorio” y no se atendió debidamente a los jornaleros que trabajan el campo.

“El asunto del río Sonora ahora sí es de voluntad política”, afirmó el comerciante.

Los 25 mil habitantes de los municipios afectados muestran sus mayores preocupaciones respecto a dos aspectos: el agua y la salud.

Han interpuesto un amparo en relación al programa de monitoreo del agua, ya que consideran que este se realiza con una metodología inadecuada y con estándares de calidad que son más bajos que los exigidos a nivel internacional.

Al no haber certeza de que el agua que bebían a diario no está contaminada, los pobladores optan por comprar agua de botella, lo que supone mayores gastos para las familias.

Pese a esta medida de precaución, se dan “nuevos casos de enfermedades, sobre todo en niños pequeños, porque pasan por algunas casas que tienen llave y toman agua por la vía pública”, comentó Miranda.

Hace un año, coincidiendo con el primer aniversario del derrame, el entonces titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mikel Arriola, anunció la construcción “definitiva” de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el municipio de Ures, que monitorearía la salud de los pobladores durante 15 años.

Sin embargo, la Unidad todavía permanece en proceso de construcción y la clínica temporal que se había instalado se cerró, apunta Cano.

En el día del segundo aniversario, los pobladores han organizado una caravana con unos 20 automóviles, que parte de la capital del estado, Hermosillo, a Bacanuchi, para una vez allí acercarse lo más posible a las instalaciones de la mina, en la que la procuraduría ambiental detectó 55 irregularidades tras el suceso.

Se trata de una protesta simbólica, que intentará decir “aquí seguimos, no nos olviden”, remarcó el abogado, quien añadió que el tiempo no corre a su favor. 

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