Con el propósito de revalorar la situación de personas en reclusión que podrían ser preliberadas, la titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, Patricia Mercado Castro, firmó un convenio con la Fundación Barra Mexicana y la Asociación Modernizando al Sistema Penitenciario.
Como parte de ese acuerdo, explicó que se revisan 350 expedientes de personas con alguna discapacidad mental que purgan una condena en alguna de las cárceles capitalinas, para la posible preliberación.
En ese sentido, señaló que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, podría anunciar en un mes al primer grupo de personas preliberadas, aunque se tiene que hacer una revisión muy cuidadosa y que realmente la historia de reclusión de la persona sea más de trabajo e inclusión.
Explicó que las organizaciones signantes participarán en mesas de trabajo para ver si “seguimos teniendo ahí a los internos o tienen que salir para ir a un centro de terapia o de cuidado”.
También refirió que la firma es resultado de una denuncia, una queja o una nota periodística donde se habla de esa situación en las cárceles, por ello es que proponen y se determina la revisión de los 350 expedientes de la población vulnerable.
“Estamos trabajando en una mesa de trabajo con el Tribunal de Justicia, la Procuraduría, la Consejería Jurídica, el Sistema Penitenciario; revisando expedientes, tomando decisiones, porque hay muchas personas que pueden ser preliberadas de delitos menores, que ya cumplieron las dos terceras partes de su sentencia”, indicó.
En ese sentido, abundó que “nosotros revisamos en primer lugar cuál ha sido la vida al interior, personas productivas que han estudiado su primaria, secundaria, están apuntadas a talleres”.
Mercado Castro comentó que también se revisará la situación de los adultos mayores, aunque por ahora solo se avocarán a las personas con algún problema mental.
Detalló que la preliberación será gratuita, aunque una de las preocupaciones es que varios de los internos no cuentan con un familiar, por lo que se tendrá que revisar su situación y ver si pudieran ingresar en algún centro de cuidado.
La funcionaria respaldó la iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a que los reclusorios del país deben estar, como en la Ciudad de México, bajo la tutela de los gobiernos centrales, y no de las corporaciones de seguridad pública.
También resaltó la importancia del acompañamiento de esas organizaciones ya que permitirá, en el proceso, asegurar mejores condiciones de seguridad y un apego estricto a la normatividad vigente.
